MEXICO (AFP).- El gobierno mexicano desplegó este viernes unos 1.000 soldados y policías en otro penal de máxima seguridad, tal como ya había hecho con otros dos, en un nuevo esfuerzo por poner orden en las cárceles y tras una agria polémica con Estados Unidos por la violencia en el país.

Con el despliegue en Puente Grande, un penal del estado de Jalisco (oeste), culmina aparentemente el operativo para regularizar la situación en las tres cárceles donde se encuentran los capos de la droga y los criminales más peligrosos de México.

La operación, similar a la que desde hace 15 días llevan a cabo las autoridades en otros dos penales federales en el centro y noroeste del país, incluye la instalación de tanquetas alrededor del penal, y el registro exhaustivo de las celdas.

Igualmente, otros 500 policías de élite patrullan desde este viernes en Reynosa, una ciudad fronteriza a unos 1.000 km al noreste de la capital.

Que el gobierno de Fox haya tenido que recurrir a soldados y a agentes de élite para poner orden en las cárceles federales y en las calles de algunas de sus ciudades, ha generado alarma entre observadores.

Estados Unidos acrecentó a su vez la presión al avisar a sus ciudadanos sobre la violencia criminal en su vecino del sur, al mismo tiempo que ofrecía «ayuda» en caso de que México la necesitara.

El gobierno salió apresuradamente al paso de una dura carta del embajador norteamericano Tony Garza, que cayó como un jarro de agua fría tras meses de cuidadosa recomposición de las relaciones mutuas.

El propio Fox respondió personalmente en declaraciones televisivas a lo que calificó como «ingerencia» del embajador.

«En todo lo que acontece en nuestra frontera, México y Estados Unidos compartimos tanto aciertos como errores», señaló Fox.

La mayor parte de la droga que entra en Estados Unidos lo hace desde o a través de México, que extraditó en 2003 a 31 fugitivos a su vecino del norte.

La lucha para poner coto al descontrol de las cárceles es de largo alcance, reconocen las autoridades, que también enfrentan obstáculos legales.

Jueces mexicanos otorgaron amparos a varios capos del narcotráfico, como Osiel Cárdenas, considerado el jefe del cartel del Golfo, o Benjamín Arellano Félix, del cartel de Tijuana (noroeste), para que no puedan ser trasladados a otro penal cada vez que las autoridades lo consideren necesario.

Según el diario El Universal, en total serían 195 los amparos concedidos en los últimos días a los jefes narcotraficantes y a otros criminales, tan sólo en «La Palma», el penal de máxima seguridad del centro del país.

Otro capo, Rafael Caro Quintero, fue sin embargo trasladado de Puente Grande a Matamoros (noreste), junto a otros seis presos, según confirmó este viernes el procurador Rafael Macedo de la Concha.

La figura del amparo funcionó en el pasado para evitar la extradición de algunos delincuentes a Estados Unidos.

A principios de semana, el recién nombrado subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Angel Yunes, había afirmado que el deterioro de la situación en «La Palma» era un problema de personal.

«Está comprobado que, como consecuencia de las facilidades que se les otorgaron, estas bandasseguían operando desde este centro, planeando actividades delictivas y ordenando la ejecución de las mismas, a través de las redes integradas por (…) asociaciones de abogados, organismos de »derechos humanos» que fueron creados ex profeso, y otros», señaló.

En «La Palma», de 148 custodios que hicieron los exámenes de confianza, sólo 43 los aprobaron, aseguró Yunes, por lo que el resto deberá dejar la institución.