Wilmert muestra afligido su cicatriz en la frente. Ahí, asegura este hondureño, fue donde agentes migratorios de México le dieron el último disparo con una pistola eléctrica, dejándolo casi sin sentido, cuando se resistía a ser detenido en su camino hacia EEUU.

Con redadas en plena calle que hacen que los migrantes corran despavoridos y hasta se hayan roto piernas tratando de huir entre la maleza, u operativos para impedir que viajen en el tren de carga conocido como «La Bestia», México lleva a cabo una persecución sin precedentes a indocumentados, iniciada hace un año cuando Estados Unidos declaró la alerta por la llegada a su frontera de una ola de menores no acompañados.

Si no fuera porque los habitantes de Palenque (Chiapas, sur) salieron en defensa de Wilmert y empezaron a grabar con sus celulares cómo un agente le pateaba, probablemente su historia no habría sido denunciada ante las autoridades y este hondureño habría sumado uno más en la abultada lista de centroamericanos deportados de México en el último año.

«Casi me ahogaron, se pasaron. Me dieron muchos disparos con la pistola esa, al final no podía ni caminar y me echaron al suelo y me golpearon salvajemente», explica a la AFP este campesino de pelo crespo de 35 años, que recibe el apoyo legal del albergue de migrantes de Palenque para solicitar una visa humanitaria por el delito que ha denunciado.

Jose Adán Martínez, otro hondureño de 20 años, también asegura que agentes migratorios lo bajaron del tren con una pistola Taser antes de ser deportado por tercera vez, pero no lo denunció por miedo a represalias.

Desde la ONG Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa asegura que han recabado «varios testimonios directos sobre el uso de pistolas eléctricas para la detención de migrantes en los últimos meses». Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) negó que sus agentes usen ese tipo de armas y dijo que «nunca se ha podido documentar ni demostrar» esta práctica denunciada por varios albergues de migrantes.

Acabar con «La Bestia»

Pero la persecución del gobierno mexicano desde que en julio lanzó el plan Frontera Sur, con el despliegue de 5,000 agentes y una ampliación de los controles migratorios, ha alertado a varias organizaciones internacionales también por un aumento de la represión.

Sólo en los 4 primeros meses de 2015, México ha detenido a un 83% más de indocumentados que en el mismo periodo del año pasado (57,892 frente a 31,642) y ha deportado un 79% más de migrantes (51,565 frente a 28,736), principalmente centroamericanos.

Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han mostrado su preocupación por el «endurecimiento» de las acciones contra migrantes en México por este programa nacido a raíz de la crisis denunciada por EEUU.