Más 40,000 personas desaparecidas registradas, unas 1,100 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar dan cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y Derechos Humanos que enfrenta la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior”, dijo ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la presentación un plan de búsqueda de desaparecidos.
“La desaparición forzada, sea por agentes del Estado o por particulares, es uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad”, añadió.
Ahora, esa herencia se ha convertido en uno de los grandes pendientes del gobierno de López Obrador, quien manifestó a familiares de víctimas “pesar por su sufrimiento” y el compromiso de hacer “todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos». López Obrador deploró las “más de un millón de víctimas de violencia”, un saldo “de la guerra absurda que se declaró para enfrentar la violencia».
Los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo víctimas de desaparición forzada, fueron en aumento en México desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició una guerra frontal contra grupos del narcotráfico y que continuó Enrique Peña Nieto (2012-2018). “Nuestro compromiso es nunca más utilizar la fuerza”, apuntó López Obrador.