MÉXICO, AFP. A dos meses de dejar el poder el presidente mexicano Felipe Calderón, con sus homólogos de Colombia y Guatemala, pidió a la ONU revisar la estrategia mundial antidroga, gesto que expertos consideran un avance aunque para las víctimas de la violencia llega demasiado tarde.  

Los presidentes de estos tres países, fuertemente golpeados por la violencia derivada del narcotráfico, enviaron una carta al secretario general de la ONU Ban Ki-moon pidiendo revisar de manera «inaplazable» el enfoque internacional de la lucha antidroga, una demanda expresada antes por varios exmandatarios de América Latina, pero por primera vez recogida por jefes de Estado en ejercicio. 

«Es una evolución del pensamiento del presidente Calderón» que ha combatido al crimen organizado con los métodos tradicionales sin el éxito esperado y «se ha dado cuenta que con el régimen de prohibición internacional no se está avanzando mucho», dijo Rafael Fernández de Castro, jefe del departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

Calderón lanzó a su llegada al poder en diciembre de 2006 una ofensiva militarizada contra los carteles de la droga que exacerbó la violencia en el país con un salto de cerca de 60.000 muertos desde ese momento.  

Los otros dos firmantes del documento, el guatemalteco Otto Pérez y el colombiano Juan Manuel Santos, ya habían expresado su disposición a discutir la legalización de las drogas.  

Pérez lo planteó a comienzos de este año al asumir el poder mientras que Santos también se dijo dispuesto a abordar el tema durante la reciente Cumbre de las Américas, de la que fue anfitrión.  

Pero estos tres países no son los únicos de América Latina que han cuestionado la validez de la actual estrategia. A fines de septiembre la presidente costarricense Laura Chinchilla indicó que la estrategia actual «lejos de mejorar ha empeorado» los niveles de tráfico de drogas y la violencia.  

Por su parte el gobierno de Uruguay envió en agosto al Congreso una propuesta para regular la comercialización de marihuana.

El problema es que mientras el gran consumo está en Estados Unidos y en países de la Unión Europea, la violencia crece en América Latina, una región que tiene el 9% de la población mundial pero donde ocurren 27% de los homicidios del mundo, señaló Fernández de Castro a la AFP.

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en México creen que el reconocimiento de que la estrategia fracasó llega demasiado tarde.   La demanda de Calderón ante la ONU «es de manera implícita como un reconocimiento al fracaso de este tipo de políticas», dijo José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. 

«Es bueno que lo reconozca de manera velada», pero «es un reconocimiento bastante tardío», señaló a la AFP el activista, que ha defendido a las víctimas de la guerra del narcotráfico en México donde las masacres, los secuestros, las desapariciones y la tortura se han convertido en habituales en varias regiones durante el gobierno de Calderón.  

Fernández de Castro considera que «será difícil que (Estados Unidos) acepte este nuevo debate, porque paradójicamente, a ese país sí le ha funcionado este sistema de prohibición». 

«Para Estados Unidos es un problema de salud pública, mientras que para México, Colombia y Guatemala es un problema de seguridad nacional, es mucho más grave», explicó.  

Pero el presidente estadounidense Barack Obama, que ha reconocido la responsabilidad de su país como mayor consumidor mundial, se ha dicho dispuesto a debatir la estrategia, aunque -como señaló en la Cumbre de las Américas de Cartagena- dejando en claro que se opone a despenalizar.  

A fines de septiembre Obama reiteró su ofrecimiento de colaborar con México y con el presidente electo Enrique Peña Nieto, que asume el 1 de diciembre, en trabajar de manera más enérgica «para evitar el flujo de armas y dinero hacia México».  

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que espera que Peña Nieto tome nota de este reconocimiento del fracaso de las políticas actuales y lo «traduzca en una propuesta de seguridad que avance por otros caminos».