El propósito de autoridades nacionales de regularizar la presencia de extranjeros en el país merece el respaldo de la ciudadanía. Que todo el que ingrese llene los requisitos de ley y no porque el macuteo de vigilantes de frontera le haya abierto el paso. Ni porque la codicia de agentes consulares desenfrenados se haya puesto a vender visas como si se tratara de camisetas en vez de documentos expedidos con arreglo a un estricto protocolo sobre conductas y solvencias de los peticionarios. Que no entren al país como Pedro por su casa porque el dinero vence a venales encargados de 20 puntos de chequeo a lo largo del trayecto por carreteras desde la frontera hasta la Capital. A eso se le llamaría rescatar la frontera. Poner fin a la honda y vieja corrupción que causó el problema.
La regularización de quienes con anterioridad al hecho de hacer respetar los límites territoriales se instalaron aquí deberá pretenderse con firmeza, orden e inteligencia. Flexibilizando medidas, lo que sensatamente ya se ha hecho en dos casos: a) plazo a los empleadores locales que necesitan tiempo para que toda la mano de obra foránea cumpla con las nuevas exigencias de documentación y b) tregua al sistema educativo para que cada alumno obtenga algún tipo de registro de nacimiento. Exhortamos a las autoridades a unificar criterios para documentar a los niños haitianos sin menoscabo de su dignidad y respetando su derecho a la educación.
Investigación y garantías
El 20 de mayo, José Ángel Gómez, director del periódico digital El Siglo 21, fue arrestado en forma brusca, sin la formalidad de las actuaciones con orden judicial. Con él cautivo se emprendió un extraño recorrido como si las autoridades a cargo no supieran a dónde llevarían a este directivo de un medio que opera amparado por la Constitución, que había publicado denuncias de alegada corrupción, tras lo cual comenzaron irritantes allanamientos y la paralización temporal del digital. Finalmente fue dejado en libertad sin que se formularan cargos ni se invocaran indicios creíbles sobre planes para cometer delitos electrónicos. La familia Gómez ha seguido bajo acosos de inteligencia y ahora recibió denuncias que le merecen crédito sobre intenciones de atentar contra la vida de José Ángel. El Gobierno debe, prontamente, investigar el caso, establecer lo que pueda haber de cierto y rodear de garantías a esa familia y a El Siglo 21.