Mi amigo el estratega, alcalde de Santa Clara. Ese día, mientras salíamos de cátedra Filosofía de la Ciencia, del jesuita Roger Vekemans, el polemista más temido por los marxistas de Chile; el gordo Rafael Espinosa, un cubano expresivo y amistoso, nos dijo a Enmanuel Castillo y a mí: “Con esto que tengo aquí (indicando su cuaderno), ya puedo ser alcalde de Santa Clara”. Luego lo dobló y lo metió con entusiasmo en su bolsillo.

El gordo Espinosa tenía toda razón, cualquier alcalde del mundo que maneje lo que él tenía en su cuaderno tenía mucha probabilidad de ser un administrador público exitoso.

El curso sobre Filosofía de la Ciencia había culminado con una exposición del “principio de la racionalidad”, aplicado a la política, la economía y la administración, pública o privada; que postula lo siguiente: Toda administración, sea de empresa, oficina pública, ministerio, ayuntamiento o departamento; o igualmente un negocio, empresa grande o pequeña; especialmente una investigación científica o policial; o un viaje de vacaciones, un juego de pelota, escribir un libro o una carta, dictar una conferencia, dar hacer una llamada por teléfono, o tan solo salir a tomar el fresco: Todos deben guiarse por el siguiente procedimiento:

1) Establecer, describir y definir los fines, objetivos o propósitos. Estableciendo un orden de prioridades con la mayor precisión posible, qué va primero y qué va después.

2) Establecer e identificar los recursos, sus fuentes y disponibilidad, económicos, humanos y demás; cómo serán aplicados a los diferentes objetivos y metas anteriormente establecidos, tratando de ser eficientes y ahorrativos en el gasto e inversión de los mismos, estableciendo los controles, reportes y la vigilancia de lugar.

A menudo, cuando vemos en la prensa que alguien critica al Presidente, al ministro o al alcalde diciendo que por qué gasta el dinero público, por hacer un parque en vez de este hospital, en hacer una calle en vez de recoger la basura o cualquier otra cosa; uno se pregunta si el funcionario tiene o no tiene un análisis de la racionalidad de su presupuesto y de los diversos planes y actividades de su administración.

Y de igual manera, si se tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos afectados o favorecidos, o de toda su comunidad. Porque también ocurre que la eficacia de una acción pública o privada puede ser mayor, menos costosa y de mayor impacto si cuenta con la aprobación de beneficiarios y contribuyentes.

A menudo, la aprobación popular a corto plazo suele ser muy diferente de la de largo plazo. Muchos de los que maldecían de Balaguer cuando construía parques y realizaba gastos en ornato y embellecimiento, hoy damos gracias a Dios porque tenemos áreas verdes donde caminar y ejercitarnos, dónde respirar libres del smog, la contaminación y el ruido y urbanos.

Por lo que todo alcalde, ministro y gobernante debe ser oportuna o previamente instruido sobre estos principios de racionalidad de la inversión y el gasto públicos. Independientemente si esperan efectos inmediatos para lograr aceptación popular, o si trabajan para el bien común y para la Historia.