Algunos amigos economistas oficialistas me han dicho que es inconcebible que esté coincidiendo en materia de gasto con el Sr. Manuel Diez, del CONEP. Pero como indicó otro amigo en esa conversación, yo también he publicado en artículos y libros desde hace tiempo mi posición en esta materia.  

Soy un economista heterodoxo y por lo tanto parto de un marco teórico en donde el nivel de gasto agregado de la economía determina el nivel de producto y empleo en el corto y largo plazo. Por lo que, en principio me siento cómodo con el gasto público y entiendo que un aumento del déficit público cuando hace crecer el producto y el empleo que pague el déficit es positivo para la economía en el largo plazo.

Eso no quiere decir que esté de acuerdo con un gasto público que pague clientelismo, corrupción, deviación de fondos y despilfarro. Además se gaste violando la Constitución, la Ley Orgánica de Presupuesto,  la del Presupuesto 2012 y el Complementario, la de Contraloría, la ley de Compras Gubernamentales  y muchas otras, debilitando las instituciones democráticas y comprando elecciones.  Para colmo de males, se pretende un “borrón y cuenta nueva”  frente a los violadores de leyes porque son miembros de la Corporación PLD que tienen una patente de corso.

Lo peor es que la “locura pública de 2012” fue realizada con “premeditación, alevosía, acechanza, mala fe y nocturnidad”. La primera señal de esa voluntad fue el rompimiento con el FMI en octubre de 2011 y la posterior declaración del Sr. Fernández de  disponer de RD$40 mil millones (casi el 2% del PIB, lo que le faltaba para completar el 4% de educación) para gastar en campaña política.

Hubo un silencio irresponsable de funcionarios.  En los primeros días de marzo se debatió públicamente que el déficit del Gobierno Central era la mitad del programado para todo el año. Al mes siguiente se debatió que el déficit había superado por mucho lo programado.  A partir de ahí había suficientes indicaciones de alarma para que cualquier economista del Gobierno reaccionara. Las cifras calculadas subestimaban la situación pero eran de tal magnitud que intranquilizaban. La consecuencia sería un ajuste doloroso para el bienestar de la población. Ahora, el mismo grupo de funcionarios que se “enloqueció” pide más impuestos.

Por eso coincido con cualquier ciudadano, y muy probablemente con el Sr. Diez, en el señalamiento de que primero deben establecerse las responsabilidades y sanciones para que la locura del 2012 no se repita nunca más. Segundo, hacer un presupuesto 2013 transitorio con base 2011 y luego discutir la reforma fiscal, pero teniendo la ciudadanía una mayor certeza de que los fondos no se van a perder, desviar o financiar fines espurios.