El reclamo de institucionalidad en la República Dominicana es tan ancestral y rutinario, que más de uno lo percibirá como habitual o cansón.
Pero, es cierto, por más básico que sea o parezca, si queremos que nuestro país avance, el elemento de respeto a lo institucional es clave y transversal a todos los sectores de la vida nacional.
Y esto, no sólo porque robustece al Estado y a la nación, sino porque, primero, hace la vida del ciudadano/a más cómoda y fácil (una aspiración válida) y, segundo, porque aumenta los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones, haciéndolas a ella y a sus decisiones – actuaciones, mucho más legítimas.
En este punto vale recordar que en encuestas como el Barómetro de las Américas, el nivel de confianza de la población dominicana en las instituciones es bajo. Por ejemplo, en la consulta de noviembre del año pasado la confianza depositada en las instituciones centrales para el combate de dos temas preocupantes (la delincuencia y corrupción) cayó. De hecho, el estudio reveló que desde el año 2008 se ha producido un declive estadísticamente significativo en la confianza de la ciudadanía en instituciones como la justicia dominicana.
Partiendo de ese precedente, urge que cada vez más democraticemos y despoliticemos la escogencia de funcionarios/as que han de ser incumbentes en instituciones claves.
El Congreso de la República, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador y los fiscales, entre otros, deben ser escogidos por vías que tomen en cuenta aspectos como la formación, la profesionalización y que cada vez obvien más el elemento partidario.
De esta manera, se le resta peso a lo discrecional y a lo partidario, elementos que históricamente han primado, y que lesionan por demás la institucionalidad y la confianza de la que hablamos en principio.
Para muestra un botón: ¿Acaso un proceso tan complejo y delicado como la investigación y los sometimientos en el marco del caso Odebrecht, que implica corrupción, sobornos, sobrevaluación de obras y financiamiento ilegal de campañas políticas, no gozaría de mayor nivel de confianza si la estuviese liderando un funcionario que no sea miembro de uno de los partidos cuestionados y que no fuese nombrado por el Presidente de turno?
Igualmente, ¿cuántos procesos judiciales no gozarían de mayor credibilidad si sus decisiones no dependieran de jueces que muchas veces han compartido militancia partidaria con los imputados?
Cuando esto sea diferente, podremos decir que ¡por fin! la República Dominicana abandona esa fuerte y marcada cultura caudillista que nos acompaña desde siglos pasados y que, de una vez y por todas, transitamos hacia un verdadero Estado Social Democrático y de Derecho, donde el Congreso, los jueces y los fiscales se deben a la ciudadanía y no al poder de turno.