TEGUCIGALPA. AP.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó ayer a investigar la situación en el país y de inmediato el gobierno de facto de Honduras cuestionó su objetividad y dijo que pudiera traer una “visión parcializada”. 

“Tenemos que tener mucha cautela y no tener grandes expectativas sobre estos informes”, dijo en una rueda de prensa la vicecanciller designada Martha Lorena Alvarado. “Tenemos grandes reservas”.  Agregó que “hay una enorme infiltración de la izquierda en las organizaciones de derechos humanos”.  La CIDH comenzó ayer con una reunión con miembros de Corte Suprema de Justicia. También viajará a otras regiones del país para recabar información y recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio al presidente Manuel Zelaya.  La Comisión, que concluye su visita el viernes y podría dar un informe preliminar para esa fecha, no tiene previsto hablar con el presidente designado Roberto Micheletti.

EU no colaboró con el golpe

WASHINGTON.  AFP. El personal militar de EU destacado en la base aérea de Soto Cano no colaboró en la expulsión el pasado 28 de junio de Zelaya, aseguró ayer un portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.  «El personal militar no estuvo involucrado en el vuelo que transportó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio. Miembros del equipo Bravo no tenían conocimiento ni colaboraron en las decisiones sobre el aterrizaje, el cargamento de combustible o el despegue», aseguró el portavoz en rueda de prensa.  «La base de Soto Cano pertenece a Honduras. Está dirigida y operada por la Fuerza Aérea hondureña, y ellos deciden sobre su uso», añadió.