TEGUCIGALPA. AFP.  El derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, llamó a sus seguidores a concentrarse el lunes en «una ofensiva final», al tiempo que el gobierno de facto expulsó del país a funcionarios de la OEA y advirtió a Brasil con «medidas» en el marco del derecho internacional.  Campesinos de diferentes zonas de Honduras empezaron ayer a dirigirse hacia Tegucigalpa para estar el lunes en una gran manifestación de respaldo a Zelaya, informó el sacerdote Andrés Tamayo. 

«Se ha hecho la convocatoria a nivel nacional, para que los campesinos y otros sectores se concentren en Tegucigalpa, y ya habían comenzado a salir algunos, para hacer más masivas las manifestaciones» en Tegucigalpa, dijo el religioso a la AFP, en entrevista telefónica desde el interior de la embajada de Brasil.  El gobierno de facto, que acusó a Zelaya de usar la embajada brasileña para «generar violencia», instó a Brasil la noche del sábado a definir en un plazo no mayor de 10 días el estatuto concedido al mandatario derrocado. 

Y el domingo detalló por intermedio del canciller de facto Carlos López Contreras que la sede podría perder «su condición diplomática, pero por cortesía no se está planteando invadir el local».  Brasil respondió al comunicado del sábado que sólo negociaría con el gobierno de facto de Honduras si la ONU se lo pide, dijo el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, al rechazar cualquier «ultimátum de los golpistas».  «El gobierno brasileño no acata ultimátum de golpistas ni reconoce como gobierno interino usurpadores del poder», dijo Lula.  Cinco miembros de la OEA fueron «detenidos» seis horas a su llegada ayer al aeropuerto de Tegucigalpa y cuatro de ellos fueron expulsados, declaró a AFP el único miembro del equipo que permaneció en Honduras, el chileno John Biehl.

Cero garantías constitucionales

El Gobierno de facto de Honduras suspendió 45 días las garantías constitucionales según un decreto al que tuvo acceso Efe y que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas. El decreto ordena el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que “ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley” y la detención de personas que sean consideradas sospechosas. La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada el  sábado, en La Gaceta oficial, confirmó a Efe una fuente del Gobierno. La medida se tomó, según el decreto, con el fin de “mantener la paz y la seguridad ” del país.