Un estudio de opinión aplicado en calles y hogares de Santo Domingo por el Ayuntamiento del Distrito Nacional indica con claridad que los ciudadanos (8 de cada 10) sienten que su vida cotidiana es alterada, más que por cualquier otra cosa, por el estado de inseguridad.

Hay, para ellos, otros grandes males, como los apagones y el alto costo de la vida, pero les preocupa muchísimo  la delincuencia, a la que perciben acechando  por todas partes, quitándoles  paz y llenándoles de miedo.

La Policía Nacional suele manejar retóricamente el problema de la criminalidad a base de frías estadísticas de las que se debe dudar y que desde siempre han sido  vistas  en el mundo entero como reflejos poco confiables  de la realidad.

Por lo demás, las autoridades no pueden jurar que las únicas agresiones a personas y bienes que se producen cada día son aquellas que ellas logran registrar.

Lo primero es que todavía la Policía no ha recuperado a plenitud la confianza de los ciudadanos como para que siempre acudan a  reportar las acciones de los antisociales. Fuera de que el comportamiento de algunos miembros de la institución policial (a los que con frecuencia se les descubre involucrados en la criminalidad) está ensombrecido de sospechas.

Llama la atención el caso de tres jóvenes que, según todas las apariencias, fueron ejecutados con armas largas  por desconocidos y sus cadáveres arrojados al vertedero de Duquesa.

Ninguna autoridad competente ha respondido a las versiones de los familiares de esas víctimas que han afirmado que agentes policiales los asesinaron y que horas antes de que sus cadáveres fueran hallados, el camión que les atribuían haber robado estaba estacionado  en el frente del destacamento PN de unos temibles buscadores de prófugos que tienen su asiento en Los Guaricanos.

La encuesta entre habitantes de Santo Domingo deja claro que la gente se siente mal protegida  frente a la criminalidad a pesar de la tanta propaganda y ruidos que pretenden restarle importancia.

Detrás de ese temor generalizado a ser víctima de asaltos, robos y homicidios lo que  se puede palpar es un enérgico reclamo de que la Policía logre al fin ser eficiente en prevenir y perseguir a los delincuentes, con métodos civilizados; sin excesos ni acciones directas que pretendan suplantar a los tribunales.

¿Hasta cuándo?

Cualquiera pensaría que robar metales para venderlos a un indoblegable y privilegiado círculo de exportadores ha dejado de ser un delito en República Dominicana.

Es tal el desparpajo y la impunidad que “los intocables” succionadores de acero y cobre acaban de dejar sin campanas a la iglesia católica de Sabana Buey, Baní.

La desaparición masiva de objetos metálicos, desde tapas de alcantarillas hasta tarjas conmemorativas, cables y partes de monumentos, delata la existencia de una amplia dispersión sobre el territorio nacional de depredadores bien organizados.

Y su impunidad solo puede ser consecuencia, por un lado, de la molicie e irresponsabilidad del Estado que no controla las exportaciones ni las prohíbe, y de otro, del contubernio y la complicidad de gente con alguna autoridad en el ejercicio callejero de la vigilancia.

Los ladrones de cobre actúan como si fueran los verdaderos dueños de los espacios públicos, sirviendo abiertamente a compañías que amparadas en la libertad de comercio compran y exportan metales, causando daños de miles de millones de pesos  al año a otros sectores de la economía, mientras las autoridades siguen ciegas, sordas y pasivas.