La comisión especial de diputados  que investigó el conflicto suscitado en la Junta Central Electoral (JCE) determinó que ninguno de sus miembros titulares cometió falta graves en el ejercicio de sus funciones,  por lo que se abstuvo de recomendar un juicio político.

No obstante, los comisionados encabezados por el diputado Henry Merán establecieron que algunos  miembros del organismo electoral incurrieron  en “imprudencias e inobservancias”, que de repetirse, el Congreso Nacional  se vería  en la necesidad impostergable  de hacer uso de las prerrogativas constitucionales establecidas en los artículos 80, 83 y 93. En cuanto al tema de   los 22,673 hijos  de extranjeros no residentes en el país, los diputados recomendaron a la JCE, la  creación de una comisión multidisciplinaria  que se encargue de realizar la documentación de los registros de nacimiento contenidos en los formularios para de esta forma resolver  satisfactoriamente el  problema, respetando las atribuciones constitucionales que sobre la materia le corresponden.

Los comisionados precisaron, en su informe  de 36 páginas, que  sin la aplicación de la resolución 12-2007, el Registro Civil, en la práctica, fuera un caos, carente de credibilidad y confianza,  ya que la misma  imposibilita o desincentiva que las actas del Estado Civil sean falsificadas, alteradas, suplantadas o suprimidas.