La comisión especial de diputados que investigó el conflicto suscitado en la Junta Central Electoral (JCE) determinó que ninguno de sus miembros titulares cometió falta graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que se abstuvo de recomendar un juicio político.
No obstante, los comisionados encabezados por el diputado Henry Merán establecieron que algunos miembros del organismo electoral incurrieron en imprudencias e inobservancias, que de repetirse, el Congreso Nacional se vería en la necesidad impostergable de hacer uso de las prerrogativas constitucionales establecidas en los artículos 80, 83 y 93. En cuanto al tema de los 22,673 hijos de extranjeros no residentes en el país, los diputados recomendaron a la JCE, la creación de una comisión multidisciplinaria que se encargue de realizar la documentación de los registros de nacimiento contenidos en los formularios para de esta forma resolver satisfactoriamente el problema, respetando las atribuciones constitucionales que sobre la materia le corresponden.
Los comisionados precisaron, en su informe de 36 páginas, que sin la aplicación de la resolución 12-2007, el Registro Civil, en la práctica, fuera un caos, carente de credibilidad y confianza, ya que la misma imposibilita o desincentiva que las actas del Estado Civil sean falsificadas, alteradas, suplantadas o suprimidas.