Miembros  del Ministerio Público se quejaron de la falta de incentivos laborales y lamentaron que el salario que devengan no compense  el riesgo al que se enfrentan. Citaron que ni siquiera cuentan con un buen seguro médico. Además, consideraron urgente  el  fortalecimiento de la capacitación académica.

Al participar en La Esquina Joven de Hoy, abordaron la situación Karina Concepción Medina, fiscal adjunta del Distrito Nacional; Erika Pujols Pujols, fiscalizadora del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Baní, Peravia; Martiris Aquino Valdez, fiscalizador de Hondo Valle,  Elías Piña,  y Wellington A. Matos, Fiscalizador del Juzgado de Paz  de los Bajos de Haina, San Cristóbal.

No obstante, entienden que el problema no es responsabilidad  del procurador general  de la República, Francisco Domínguez Brito, sino de la baja asignación presupuestaria que no permite hacer los ajustes.

Pidieron al presidente Danilo Medina disponer en el Presupuesto del próximo año una mayor partida para el Ministerio Público.

Erika Pujols Pujols  explicó  que muchos fiscales sienten temor a enfermarse  porque apenas cuentan con un seguro médico básico,  que les obliga a pagar diferencias. Dijo que  por esa desprotección, más grave aún  sería resultar agredido en un allanamiento.

“En una ocasión fui a una clínica  a hacerme una sonografía y  el seguro no la cubría”, precisó, tras mostrar su indignación.

Entiende que lo prudente sería  un seguro  con el plan  royal con el que se sentirían menos presionados.

Según precisaron, el sueldo base, sin descuentos, de un  fiscalizador, es de RD$51,750.

 Estiman que sería de justicia llevarlo por lo menos a RD$85,000.

Poco incentivo. De su lado,  Martiris Aquino Valdez dijo que   los fiscales  de los pueblos no reciben ningún  incentivo adicional, contrario a lo que sucede con los de la capital y la provincia de Santo Domingo. Consideró   esto como discriminatorio. 

En las últimas semanas varios jueces de diferentes jurisdicciones han  presentado su renuncia del tren judicial, debido al bajo salario devengado.

Esta situación afecta también a representantes de este organismo.

Código. En otro orden,  los expositores  rechazaron que el Código Procesal Penal (CPP) sea el responsable del incremento de la criminalidad en el país como argumentan algunos sectores y, más bien, recalcaron que esto se debe a múltiples factores, entre ellos, la desintegración familiar, la pérdida de valores morales,     el desempleo y la falta de conciencia  y de educación ciudadana.

La fiscalizadora de Baní   cree  necesario fortalecer todas las instituciones vinculadas al tema, no solo el Ministerio Público, sino también la Suprema Corte de Justicia  (SCJ) y la Policía Nacional.

“Yo siempre he dicho que si una sociedad no exige jueces, policias y fiscales honestos y capaces no habrá mejoría. La sociedad tiene que levantarse y exigir. Nosotros con el salario que ganamos no podemos ser ricos y,  sin embargo, hay miembros del organismo que lo son y nos preguntamos cómo lo han logrado”, observó.

Falsos valores.  Dijo que lamentablemente a la gente se le mide en la actualidad por lo que tiene y no por su capacidad, lo que señaló,  impulsa a algunos a  actuar de manera inadecuada.

Escalafón. Durante su intervención en el conversatorio, los fiscales  se quejaron de que en muchas demarcaciones no se  respeta el escalafón laboral.

Precisaron que de acuerdo con la ley, los fiscalizadores deben ser ascendidos de rango cada cuatro años.

Sin embargo, citaron, a modo de ejemplo, el caso de Baní, donde hay tres fiscalizadores con ocho años en el puesto, sin ser tomados en cuenta.

En ocasiones, algunos de estos fiscalizadores hacen las funciones de  fiscales y no reciben ningún tipo de incentivo.

Modernidad rezagada. De acuerdo con el  testimonio de Martiris Aquino Valdez,  la modernidad tecnológica aún no ha llegado a su demarcación y los trabajos deben hacerse prácticamente de manera rudimentaria.

Refirió que no cuentan con  servicio de internet y que para recibir las querellas elaboraron un formulario prefabricado  que es llenado a mano, dependiendo del caso de que se trate.

La electricidad solo es suministrada durante dos horas diarias,  regularmente después de las 6:00 de la tarde. Sin embargo, destacó los esfuerzos que realizan por ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

Avances. Pese a los obstáculos, los fiscales se muestran optimistas y ven que la institucionalidad e independencia del Ministerio Público ha mejorado, sobre todo, luego de la reforma constitucional de enero del 2010.

ZOOM
Presupuesto

El presupuesto   del 2013 de la Procuraduría General de la República  asciende a 3,073,341,837.00.

De ese monto, 2,182,020,173.28  son destinados a servicios personales; 362,492,707.00 a servicios no personales; 396,851,237.72 a materiales y suministros;  12,000,000.00 a transferencias corrientes; 114,377,719.00 a activos no financieros y 5,600,000.00 a pasivos financieros. Los  datos están contenidos en la página web de la instituciónwww.procuraduria.gov.do.