El director de Migración, José Ricardo Taveras, reveló ayer que  17 inspectores, incluidos tres oficiales, fueron sometidos a la justicia y recibieron  medidas de coersión, tras  ser detectados cobrando dinero  a haitianos indocumentados  detenidos en redadas, para dejarlos permanecer en el país.

Entrevistado en el programa “El Día”, el funcionario dijo que entre esos hay  tres oficiales militares, que al igual que los civiles, podrían enfrentar penas de hasta diez años, dado que el delito cometido por ellos está tipificado en la ley como tráfico de personas.

 “En un solo operativo que hicimos con una unidad de agentes haitianos encubiertos que creamos en el Departamento de Investigaciones, logramos descubrir a 17 inspectores que salían a las calles en el autobús de Migración a  recoger indocumentados, y había algunos que pagaban y los dejaban marcharse”, explicó.

Atribuyó la situación a que en el país, por tradición, la sociedad ha sido tolerante a “una compensación salarial vía el macuteo”, lo que, dijo, ha hecho metástasis, pues   ninguna agencia gubernamental  puede decir que está libre de pecado.

Acuerdo. El director de Migración abogó por un acuerdo entre los gobiernos de República Dominicana y de Haití, en el que la seguridad social dominicana en materia de pensiones actúe como agente de retención de la seguridad social haitiana, a fin de que esos recursos puedan servir para el financiamiento del desarrollo haitiano y el fortalecimiento de la política de sus instituciones.