La vuelta al poder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1978 significó para los dominicanos el cambio de un modelo político encarnado hasta entonces por el presidente Joaquín Balaguer pero la crisis económica, la lucha de tendencias del PRD, las contradicciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, diferencias de visión en política exterior y los fuertes reclamos sociales convirtieron a esa transición en un proceso fallido.

Esa es la mirada que le da el periodista e historiador Miguel Guerrero a los gobiernos del PRD que sucedieron al expresidente Balaguer y que analiza en la obra “1978-1986. Crónica de una transición fallida”.

En esos ocho años estuvieron al frente del Poder Ejecutivo Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco, cuyos períodos tuvieron dos fatales desenlaces: el suicidio de Guzmán Fernández y un proceso judicial contra Jorge Blanco con cargos por corrupción, aunque la condena a 20 años que se le impuso fue anulada en el año 2001.

Pero antes de entrar en las interioridades de esos gobiernos, Guerrero esboza con amplitud el contexto económico internacional que, para entonces, era desfavorable para el país ante la caída de los precios del azúcar, el principal producto de exportación, y el alza de los precios del petróleo.

En sus planteamientos se avizora que el principal desafío del Gobierno de Guzmán Fernández sería mantener la estabilidad económica y evitar la inflación.

El cambio del PRD. “Como han visto ustedes, el cambio fundamental por el cual ha venido propugnando el Partido Revolucionario Dominicano es el cambio de actitud moral ante la ley. No es solo un cambio de hombres y funcionarios, sino un cambio profundo en la concepción de los derechos del ciudadano para con la Patria y para con el Estado, como justa contrapartida al pleno disfrute de todos sus derechos”.

Esas palabras que cita Guerrero en la obra fueron pronunciadas por el presidente Guzmán Fernández, en su toma de posesión, el 16 de agosto de 1978.

Su mandato estuvo caracterizado por las discrepancias entre la alta dirigencia del partido, encabezada por José Francisco Peña Gómez, Hatuey Decamps y Jacobo Majluta.

Esas diferencias, de acuerdo con las ideas expuestas por Guerrero y que se basan en las reseñas periodísticas de la época, llevaron a Decamps a plantear que funcionarios del Gobierno pretendían suprimir el Congreso y hasta extender el período constitucional de Guzmán.

“No parecía ilógico que, dado el descenso acelerado de la popularidad del Presidente de la República, como secuela natural del deterioro de la situación económica y los altos niveles de inflación en marcha ascendente, algunos de sus partidarios reorientaran los planes de reelegirlo y que, en lugar de ello, pensaran en la posibilidad de mantenerlo en el Palacio Nacional hasta 1984”, dice Guerrero.

Otras divergencias que salían a flote tenían que ver con los pronunciamientos de Peña Gómez, en el contexto de la política exterior, ya que expresaba opiniones favorables al gobierno sandinista, de Nicaragua, a la independencia de Puerto Rico, o a los avances en materia educativa de la Unión Soviética y Cuba, lo cual consideraba un verdadero logro democrático.

Suicidio de Guzmán. El 4 de julio de 1982 el presidente Guzmán se suicidó en una habitación del Palacio Nacional. Guerrero cuenta que el hecho sorprendió al país “y provocó una serie de urgentes gestiones para evitar que se alentara un golpe de Estado”.

En cuanto a las causas que habrían llevado al mandatario a suicidarse, Guerrero plantea que “se conjeturó que había actuado por los efectos de una depresión por supuestas amenazas del presidente electo, Jorge Blanco, su rival, de someterlo a él o miembros de su familia por actos de corrupción, que no llegaron a probarse ni a ventilarse en la justicia.

“Peña Gómez declaró, días después, que Guzmán se suicidó tras descubrir actos de corrupción y sufrir la traición de íntimos colaboradores”.