Tres meses después de la reforma constitucional de 1994, el 24 de noviembre de ese mismo año el presidente Balaguer emitió el decreto No.355/94 mediante el cual se convocaba la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura.

Cumplía, así, sin dilación, con el artículo 64 de la nueva constitución de la República, aunque en el texto constitucional no se establecía una fecha perentoria para la conformación de dicho Consejo.

Está claro que el espíritu de la reforma constitucional de 1994, al establecer la forma en que debía estar constituida la representación congresional en el Consejo Nacional de la Magistratura, buscaba democratizar dicha representación y evitar que un solo partido pudiera monopolizarla.

Dicha representación congresional estaría constituida por el presidente del Senado y un senador escogido por senado perteneciente a un partido distinto al del presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados y otro diputado perteneciente a un partido distinto al del presidente de la Cámara de Diputados.

En el Senado de la República, presidido entonces por el reformista Amablea Aristy Castro, la bancada perredeísta propuso a la doctora Milagros Ortiz Bosch como miembro senatorial del Consejo Nacional de la Magistratura.

Esta propuesta chocó con la férrea oposición de Aristy Castro, y se produjo un impasse que se prolongó por largos meses, impidiendo la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura.

La inclusión de la doctora Milagros Ortiz Bosch en la nómina del Consejo Nacional de la Magistratura era un acto de justicia.

Primero se trataba de una distinguida dama, y con ello se garantiza la representación femenina en dicho Consejo; pero además, ella representaba al bloque de oposición mayoritario en el Senado, y a todo esto debía sumarse el hecho de que Milagros Ortiz Bosch era la miembro del Senado que había sido elegida con la mayor cantidad de votos, ya que muchos electores de otros partidos habían fraccionado la boleta a favor de su candidatura.

El bloque senatorial del Partido de la Liberación Dominicana se sumó a la propuesta perredeísta y apoyó sin reservas la candidatura de doña Milagros.

No fué sino hasta la llegada al poder de Leonel Fernández que se pudo superar la crisis y conformar el Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo a la doctora Ortiz Bosch.

Con la participación de las organizaciones más representativas de la sociedad civil se confeccionó entonces un listado de más de doscientos nombres de juristas, y de estos, el 19 de junio de 1997 el Consejo Nacional de la Magistratura realizó una preselección de cuarenta y ocho reputados juristas, de cuya nómina finalmente se eligieron los magistrados que integrarían la Suprema Corte de Justicia.

La participación de las diversas organizaciones intermedias de la sociedad en las propuestas de candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia, otorgó verdadera legitimidad al proceso por la transparencia de su ejecución.

Puede decirse que la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia fue, sin lugar a dudas, el resultado de un verdadero consenso general de la sociedad dominicana.

Sorpresivamente en estos días, el Congreso Nacional acaba de seleccionar el Senador y el diputado que además de los presidentes de ambas cámaras, completan la representación congresional en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Ello apunta a que en cualquier momento, el Presidente Hipólito Mejía podría convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, cuya única función es la de elegir los miembros de la Suprema Corte de Justicia o llenar las vacantes que allí se produzcan.

Dicha convocatoria parecería ociosa, pues como bien ha señalado el presidente de la Suprema Corte, magistrado Subero Isa, el alto tribunal se encuentra completo en su matrícula de dieciséis miembros, agregando que aunque hay tres jueces que sobrepasan la edad reglamentaria de 75 años, la ley de carrera judicial no los afecta, por cuanto ellos fueron designados en sus puestos con anterioridad a la creación de dicha legislación.

En el Senado se ha seleccionado al senador reformista Germán Castro, ya que el Partido Reformista es el bloque mayoritario de oposición al contar con dos senadores frente a un solo senador del PLD.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados, en donde el Partido de la Liberación Dominicana constituye el bloque mayoritario de oposición, también ha sido seleccionado un legislador reformista en la persona del diputado Víctor Bisonó Aza.

Ello dejaría al Partido de la Liberación Dominicana sin representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la eventualidad de que el Presidente Mejía convocase dicho Consejo.

Los días por venir podrían señalarnos cual es el objetivo final de esta maniobra.

Pero la sociedad espera que sus líderes políticos no traicionen los avances institucionales de nuestro sistema democrático.