El presidente del Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, respaldó la decisión del Ministerio Público, de solicitar prisión preventiva para la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, detenida por aprobar acuerdos para liberar a los femenicidas de las señoras Aníbal González y Juana Domínguez, crímenes perpetrados en esa provincia.

Advirtió que el gremio que dirige apoya cualquier acción legal emprendida por la Procuraduría General, para perseguir a cualquier funcionario del tren judicial que en el desempeño de sus funciones viole normas procesales.

El jurista catalogó de reprochable que la fiscal Hernández se prestase a validar acuerdos para permitir que psicópatas, amparados en documentos falsos logren su puesta en libertad para luego cometer femenicidios.

Recordó que el Colegio de Abogados fue el primero que se pronunció condenando los asesinatos de las dos mujeres a manos de sus exparejas , quienes mediante maniobras obtuvieron su libertad mediante sendos acuerdos refrendados por la magistrada Margarita Hernández.

En contra de esta representante del Ministerio Público, quien permanece detenida está prevista conocerle medida de coerción, para la cual la Procuraduría General pidió prisión preventiva acusada de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, complicadas en falsificación y en actos de corrupción.

Al respecto, el presidente del CARD, considera un deber de ese gremio de apoyar las autoridades del Ministerio Público en su accionar en contra de todos aquellos que sea violatorio a la Ley, principalmente aquella que tienen a perseguir a cualquier funcionario que viole las normas procesales en el desempeño de sus funciones.

Al respecto, la Procuraduría General de la República dice que tiene diferentes evidencias que vinculan a suspendida Fiscal Hernández Morales con los hechos que se les imputan, “por lo que procedió a su sometimiento a la justicia por ante la jurisdicción de San Pedro de Macorís”.

Hernández es investigada por presuntamente cometer irregularidades en el transcurso del proceso judicial seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien luego de obtener su libertad tras la firma de un acuerdo, homologado por un juez, le ocasionó la muerte a su expareja Anibel Gonzalez, y luego se suicidó, el pasado mes de agosto.

Por tratarse de un acuerdo similar, también aprobado mediante autorización judicial por un juez, hace varias semanas, la Inspectoría General del Ministerio Público inició una investigación sobre el acuerdo que dejó en libertad a Johan Manuel Ramírez, mientras cumplía una condena de tres años de prisión por agredir a su pareja con un arma blanca en hecho ocurrido en San Pedro de Macorís.