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En la imagen, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. EFE/Greg Nash/Archivo
La condena por cruzar ilegalmente la frontera se produce cuando China reprime la disidencia en Hong Kong, imponiendo una estricta ley de seguridad a pesar de las promesas anteriores de garantizar un sistema separado en la antigua colonia británica y centro financiero.
Pompeo, un feroz crítico del régimen de Beijing, pidió que las 12 personas arrestadas en agosto en su intento de huir a Taiwán sean “liberadas de inmediato e incondicionalmente”.
El caso “expone una vez más la brutalidad de Beijing, el flagrante desprecio por los tratados internacionales que ha firmado y su desprecio por los derechos del pueblo de Hong Kong”, dijo Pompeo.
Pompeo, quien deja el cargo el 20 de enero luego de la derrota electoral del presidente Donald Trump, ha catalogado a Beijing como un adversario global y prometió poner fin a décadas de intentos de Estados Unidos de involucrar al liderazgo comunista.
Un juicio bajo sospecha
Durante los 130 días que los activistas permanecieron bajo custodia en la China continental, ninguno de los 12 pudo ponerse en contacto con sus familias o representantes legales de su elección, y los abogados contratados por las familias habrían rechazado encargarse del caso tras haber recibido amenazas por parte de las autoridades chinas.
Asimismo, y a pesar de que el tribunal anunció que el juicio era en audiencia pública, varios periodistas, familiares y diplomáticos extranjeros no pudieron acceder.
Para la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, “estas sentencias emitidas tras un juicio injusto dejan claros los peligros a los que se enfrenta cualquiera que sea juzgado por el sistema penal chino”.
