Más de 3.500 empresas han demandado al Gobierno de Estados Unidos por el impacto que han tenido los aranceles impuestos a China por la Administración del presidente Donald Trump en su guerra comercial, según documentos legales.

Coca-Cola, Disney, Ford, Tesla y Abbott, fabricante de pruebas de la COVID-19, están entre los demandantes frente a la Corte de Comercio Internacional de Nueva York, lo que pone de relieve la oposición de la plana mayor de la industria estadounidense a los planes proteccionistas de Trump.

Las demandas, que incluyen casos interpuestos por empresas más pequeñas, ha sorprendido a las autoridades estadounidenses y a los que tienen que gestionar la avalancha de demandas.

Los nuevos aranceles a las importaciones chinas elevan el coste de maquinaria, partes y suministros intermedios para las empresas y las líneas de ensamblaje estadounidenses.

Los casos se han acelerado también porque está apunto de expirar la ventana legal que permite a las compañías interponer apelaciones a algunos de los aranceles.

Toda empresa que gane la batalle legal deberá recibir la devolución de todos los aranceles devengados, lo cual obligaría al Gobierno estadounidense a desembolsar una importante cantidad de dinero.

El Gobierno estadounidense ha pedido a la Corte de Comercio Internacional que ponga en suspenso la mayoría de casos y solo acepte a trámite uno o unos pocos que puedan se extrapolados a demandas similares.

Las demandas podrían separarse en dos listas: una que pide la devolución de aranceles del 25 % en importaciones por valor de 200.000 millones de dólares y otra segunda que demanda el reembolso de gravámenes del 7,5 % en 120.000 millones de dólares en bienes.

En junio de 2018, el Gobierno de EE.UU. impuso aranceles del 25 % a las exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10 % (aumentados al 25 % en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes de China, por valor de 200.000 millones de dólares.

Los aranceles, a los que China respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses, se impusieron desde Washington alegando malas prácticas del país asiático en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.