Unas cuatro mil familias de distintas comunidades de San Pedro de Macorís denunciaron hoy que están siendo amenazadas de desalojo por parte de una familia que alega ser propietaria de los terrenos, informó la Red de Coordinación Urbano Popular por la Defensa del Territorio.

Organizaciones de la provincia de San Pedro de Macorís, El Tamarindo y Guayacanes, entre otras, solicitaron por la intervención del abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya, para  buscar una solución factible entre ambas partes  y evitar que miles de personas protesten en las calles.

“Los moradores de estas comunidades nos mantenemos en zozobra, debido a que esos supuestos propietarios, además de que nos envían informaciones de desalojo a través del Instituto de Desarrollo Integral (IDI), también nos tienen vigilantes pagados en la zona”, dijo Mariano Pinales, uno de los denunciantes.

Según Pinales,  los alegados propietarios  no  han podido demostrar que son los dueños legales de esos terrenos, donde se han formado familias de más de 80 años, con descendientes de varias generaciones, al tiempo que aclaró que no están en condiciones de vender como ya les han propuesto.

Informó que esa familia tiene en proyecto la instalación de un centro financiero internacional, que estaría ubicado próximo a la comunidad de Guayacanes, situación a la que no se oponen y que, por lo contrario, prefieren apoyar para el fortalecimiento y crecimiento de dicha población.

Romano Mercado, Milka García y Mercedes Pinales, en visita a la redacción de HOY, demandaron a las autoridades correspondientes intervenir, ya que está en juego los orígenes de toda una generación.