BARCELONA, España (AFP) – Unas 3.000 personas según la policía y más de 18.000 según los organizadores marcharon este martes por las calles de Barcelona, segunda mayor ciudad de España, para protestar contra los recortes en la educación pública en una jornada de huelga del sector en todo el país.

Familias enteras, niños con pancartas, estudiantes universitarios, maestros y profesores vestidos con camisetas amarillas en las que se leía «SOS educación pública» tomaron el centro de la ciudad al grito de «¡Educación pública y de calidad!» y «¡No a la privatización!».

Convocada por sindicatos, padres de alumnos y asociaciones de defensa de la enseñanza pública, la marcha estuvo encabezada por un grupo de niños de unos seis años con una colorida pancarta.

En otras podía leerse «Contra los recortes en educación», «Recortar es robar» o «Con dos carreras y pelando patatas».

En un ambiente festivo, la marcha partió pasado el mediodía de la Plaza Universidad para culminar, una hora y media después, en una asamblea frente a la Estación de Francia.

Cristina Otero, de 25 años y estudiante de Filología, lidera un colectivo denominado «Macedonia de ideas». Recoge propuestas que cuelga en el lugar donde se reúne la manifestación. «De alguna de estas ideas se sacará algo», enfatizó.

Las ideas van desde «cuidemos a los gatitos», visiblemente escrita por un niño y con dibujo infantil, a «matemos la monarquía, no la educación».

«Aquí no se trata de profesores y alumnos. Esto nos afecta a todos. He trabajado hasta ahora en una portería, lo que me permitió que mi hija sea hoy universitaria. Pero ¿y sus hijos podrán estudiar?», expresó Rogelia Fortuna, 65 años, jubilada.

Joanna Martí Virgili, de 29 años, estudiante de Filosofía afirmó: «todos estamos obligados a salir a la calle y gritar a favor de la educación y la sanidad para todos y de calidad, como lo ha sido hasta ahora».

Docentes de todos los niveles educativos estaban convocados el martes en España a una jornada de huelga nacional para protestar contra los recortes en educación con los que el gobierno conservador de Mariano Rajoy quiere ahorrar 3.000 millones de euros por año.