Miles de personas han protestado este sábado en varias ciudades portuguesas para reclamar derecho a la vivienda y han pedido medidas “coyunturales” para contrarrestar el aumento de los precios de las casas en un contexto inflacionario.

Estas marchas se han convocado tanto en Lisboa como en Oporto, Viseu, Aveiro, Coimbra y Braga por diversas asociaciones de vecinos y activistas y han contado con el apoyo de varios partidos políticos.

“Derecho a casa, derecho a la vida” y “Queremos casas para vivir» son algunos de los mensajes que portaban los manifestantes, que consideran insuficientes las criticadas medidas de vivienda anunciadas por el Ejecutivo del socialista António Costa, que gobierna con mayoría absoluta desde hace un año.

“Ya existen programas de gobiernos desde que se hizo la Constitución y seguimos teniendo un problema de vivienda gigante en Portugal y cada vez mayor”, afirmó en declaraciones al canal RTP Bernardo Alves desde Oporto, antes de añadir que la población ya no confía en programas “sin respuestas específicas».

Leer: Playa Palmera, un paraíso que lo tiene todo (3-3)

“Estas soluciones presentadas (por Costa) no van a ser la respuesta necesaria al problema de vivienda y de ahí la importancia de estar en la calle”, añadió.

Desde Lisboa, la diputada del Bloque de Izquierda Catarina Martins denunció los altos precios que tiene la capital lusa, que es “de las más caras del mundo”, con unos salarios “de los más bajos de Europa».

“Los subsidios que el Gobierno anunció tienen dos problemas- llegan a un grupo muy reducido de personas (…) y necesitamos acabar con el universo de beneficios fiscales y otros, que ponen las casas en Portugal a precios imposibles para los salarios portugueses. Necesitamos que las casas tengan precios justos”, continuó.

El Gobierno socialista portugués dio esta semana luz verde a su plan de vivienda, con polémicas medidas como el alquiler forzoso de casas desocupadas, el fin de las Golden Visa o grandes limitaciones a los apartamentos turísticos, que ha recibido críticas de partidos, alcaldes, asociaciones y hasta del presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

El jefe de Estado no ha descartado recurrir al Constitucional para que revise algunas medidas.

Esta protesta se suma a otras convocadas en las últimas semanas por medidas contra el avance de la inflación, que se encuentra en niveles récord en 30 años.

Actualmente, la remuneración mínima portuguesa está en 760 euros.