Berlín, .- Miles de personas se manifestaron hoy frente a la sede del Parlamento polaco en Varsovia contra una iniciativa popular que busca la aprobación de una ley para prohibir el aborto en el país.

A la protesta en la capital, según las cifras facilitadas por las organizaciones de mujeres convocantes y recogidas en la prensa local, se sumaron alrededor de 8.000 personas, mientras que en otras ciudades polacas se organizaban también concentraciones.

Por segundo fin de semana consecutivo, los manifestantes, apoyados por parte de la oposición parlamentaria, defendieron el derecho a decidir de las mujeres y mostraron su temor a que los grupos conservadores y católicos del país logren sacar adelante una norma que restrinja la actual legislación del aborto con apoyo del partido gubernamental Ley y Justicia.

Junto a pancartas con eslóganes en favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a la educación sexual, varias de las manifestantes esgrimieron perchas metálicas para recordar el riesgo de los abortos ilegales.

Las protestas han cobrado fuerza después de que la primera ministra, Beata Szydlo, del partido conservador y nacionalista Ley y Justicia, apoyara la iniciativa popular de recogida de firmas lanzada por la organización polaca pro vida “Fundacja Pro” para presentar un proyecto en el Parlamento.

Ante la polémica que generaron sus palabras, Szydlo negó que el Gobierno contemplara prohibir la interrupción voluntaria del embarazo y precisó que se trataba sólo de su opinión personal.

El viceprimer ministro y uno de los políticos más conservadores de Ley y Justicia, Jarosaw Gowin, reconoció también que prohibir el aborto en Polonia podría llevar a una “rebelión social”, aunque su partido ha avanzado que si llega a producirse una votación parlamentaria se daría libertad de voto a los diputados.

La ley polaca permite en estos momentos la interrupción del embarazo sólo en caso de violación, discapacidad grave del feto o peligro para la vida de la madre.

La polémica sobre el aborto se suma a la crisis abierta en el país tras la reforma del Tribunal Constitucional, que la propia Corte ha invalidado en parte, y a las críticas que ha recibido la nueva ley para regular los medios de comunicación públicos.