POR SANTIAGO GONZALEZ
SANTIAGO.- Miles de familias que residen a orillas de cañadas y otros afluentes de aquí están descargando aguas residuales directamente al río Yaque del Norte, lo  que implica una grave contaminación y un atentado a los residentes de las cuencas bajas de este.

También, las miles de familias residentes en  las denominadas zonas vulnerables están afectando con los desperdicios residuales  la calidad del agua  de acueductos pequeños ubicados en la zona baja del Yaque y de igual forma a sembradíos agrícolas.

La denuncia es del ingeniero Hamlet Otañez, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), quién se refirió de esa forma a la denuncia hecha ayer por la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), que aseguró  este miércoles que  el delito ambiental más importante que se comete actualmente es la ocupación de zonas de cañadas y franjas de  ríos por parte de miles de familias.

“El problema fundamental que están causando estos asentamientos humanos es la descarga de aguas residuales a las cañadas. Este es un problema muy grave por parte de miles de personas de estos asentamientos precarios que lanzan esta los afluentes del Yaque”, manifestó.

Otañez dijo que se instrumentó un proyecto que hasta la fecha a constado con el ofrecimiento de financiamiento por parte del gobierno Japonés para resolver la problemática.

Sin embargo, se quejó de que hasta ahora no han recibido el apoyo del gobierno central para la consecución del proyecto a pesar de ser algo prioritario.

Este proyecto de saneamiento de las cañadas ha sido definido como uno de los proyectos estratégicos por parte del Consejo de Desarrollo Estratégico de aquí.

Hamlet Otañez recordó que aquí se habla de una ciudad ambientalmente sostenible, “a nosotros nos preocupa mucho esto que hemos visualizado como una prioridad y para el 2008 esperamos que se firme ese acuerdo y recordó que ese fue un ofrecimiento que hizo el presidente Leonel Fernández en el Consejo de Gobierno el 30 de marzo pasado.

Medio Ambiente

La procuradora interina de Medio Ambiente, Miriam Morel consideró que la ocupación de zonas de cañadas y franjas de  ríos por parte de familias es la realidad dominicana,

Indicó que son personas provenientes de comunidades rurales que se mudan a esos lugares sin darse cuenta de la más mínima condición de higiene.

Son personas de los campos, que venden sus tierras  y no pueden conseguir una casa en un lugar habitable.