WASHINGTON. AFP. Miles de inmigrantes indocumentados pendientes de deportación han quedado en un limbo legal en las ciudades estadounidenses de Denver y Baltimore, tras un novedoso y arriesgado programa de revisión de sus casos.  

El presidente Barack Obama recordó  en su discurso sobre el estado de la Unión que no se quedaría de brazos cruzados ante la parálisis legislativa en el Congreso, y la política migratoria ha sido uno de los campos en los que ha tomado la iniciativa.  

El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunció en agosto pasado que iba a revisar 300,000 casos pendientes de deportación y que iba a utilizar «poderes discrecionales» para decidir, cuando así lo estimara, el cierre administrativo de esos casos.   Denver y Baltimore fueron las dos ciudades escogidas por el departamento para llevar a cabo sendos programas piloto, que se cerraron hace diez días.   «En Denver revisamos 7,923 casos, de esos casos 16% fueron identificados como individuos a los que se les puede ofrecer la discreción» y cerrar sus casos, explicó a la AFP una fuente del DHS bajo anonimato.  

«En Baltimore, 3,759 casos fueron revisados, de ellos, 10% fueron elegidos también para esa discreción», añadió la fuente.   En total, poco más de 1,500 indocumentados no correrán en principio el riesgo de ser deportados, pero tampoco tendrán acceso a ningún alivio legal a su situación. No pueden trabajar, aunque pueden pedir un permiso.   Pero esa cifra aún puede variar, reconocen las fuentes consultadas, a causa de la incertidumbre que rodea su situación legal. 

«Cuando esas solicitudes llegan ante las cortes de inmigración, los jueces toman decisiones basados en los méritos de la moción. Ellos no están involucrados en las revisiones», informó en declaraciones telefónicas a la AFP una consejera de Asuntos Legales del Departamento de Justicia, Lauren Alder.

La fuente bajo anonimato del DHS recalcó que no es posible extrapolar esos resultados experimentales al conjunto de los 300,000 casos pendientes de deportación a nivel nacional, puesto que son únicamente dos ciudades, y mucho menos a los 11 millones de indocumentados.  

Subsiste además la incógnita de qué sucederá tras estos programas piloto, que implicaron la dedicación plena de inspectores del ICE durante semanas, en un momento de crisis presupuestaria.  

En el DHS el discurso oficial es que es preferible aplicar los recursos a la localización y deportación de extranjeros ilegales con antecedentes.

Zoom

Negociación

La Casa Blanca insistió ayer en que los republicanos son los que han bloqueado la reforma migratoria y que “la puerta sigue abierta” para negociar, aunque no precisó una estrategia legislativa para reabrir el diálogo.     En diciembre de 2010, cinco senadores demócratas se sumaron a los republicanos para impedir la votación  del “Dream Act” en el Senado.   La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Representantes.