Las protestas en Rio de Janeiro, Salvador, Sao Paulo y Brasilia, además de un centenar de ciudades, fueron convocadas por la “Campaña Nacional Fuera Bolsonaro”, respaldada por una decena de partidos de izquierda, centrales sindicales y el grupo Direitos Já! que reúne a líderes de 19 bancadas.

Aunque las manifestaciones lograron una mayor adhesión de partidos que en movilizaciones pasadas, las bancadas de derecha que rompieron con el gobierno se negaron a participar.

Pese a que las banderas rojas de los grupos de izquierda fueron mayoritarias en las marchas, a las mismas se unieron por primer a vez, aunque tímidamente, las de formaciones de centro, como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y del Partido Democrático Laborista (PDT), del exministro Ciro Gomes, que fue el tercer candidato más votado en las presidenciales de 2018.

Aunque los organizadores se esforzaron para intentar darle un carácter suprapartidario a las manifestaciones y acoger a los militantes de centro, la gran mayoría no escondió su preferencia por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal rival político de Bolsonaro y que lidera con amplia ventaja todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales del 2 de octubre de 2022.

En el céntrico barrio Candelaria en Rio de Janeiro, cientos de personas marcharon portando pancartas que decían “Fuera Bolsonaro” y banderas del Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB), del Partido Democrático Laborista (PDT), el Partido Comunista (PC do B), entre otros.

“Vamos a lograr sacarlo, la apuesta del pueblo presente en las calles es que haremos que los parlamentarios sean presionados y acaben pidiendo el impeachment” de Bolsonaro, dijo a la AFP Elizabeth Simoes, una profesora jubilada de 69 años.

En la Cámara de Diputados aguardan más de un centenar de pedidos de juicio político contra Bolsonaro, pero su presidente Arthur Lira, aliado del gobierno, ha dado señales de que no serán tramitados.

En las concentraciones se veía un espectro más amplio de banderas, no solo de las rojas del PT que suele predominar, con estandartes de la Central Única de Trabajadores (CUT), el movimiento LGBT y la de Brasil, usada como símbolo en las marchas pro-Bolsonaro.

“Frente amplio, impeachment ya” se leía en pancartas.

Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que deja casi 600.000 muertos, la popularidad de Bolsonaro se desplomó en los últimos meses a 22%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en enero de 2019.

“Todo está muy caro, la culpa es de Bolsonaro”, se leía en pancartas en el Salvador o junto una bombona inflable de gas en Rio.

A un año de las elecciones de 2022, el presidente ultraderechista obtendría el 26% de los sufragios en la primera vuelta, frente al 44% para Lula, según una encuesta del Instituto Datafolha del 17 de septiembre.

Esta semana, el mandatario se enfocó en celebrar con actos e inauguraciones sus 1.000 días de gobierno, dejando de lado los ataques a las instituciones que mantuvo durante semanas, especialmente contra el poder judicial.

Las movilizaciones de este sábado ocurren después de que el 7 de septiembre Bolsonaro liderara masivas manifestaciones en Brasilia y Sao Paulo, donde se concentraron unos 125.000 simpatizantes.

En ciudades como Sao Paulo y Brasilia se esperan movilizaciones a partir de las 17H00 GMT.

El diputado opositor Marcelo Freixo pidió este viernes al Ministerio Público que investigue un presunto caso de tráfico de influencias en el que podría haber incurrido Michelle Bolsonaro, esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Freixo, del Partido Socialista Brasileño (PSB), justificó esa demanda en un reportaje publicado este mismo viernes por la revista Crusoé, según la cual la primera dama habría ejercido su influencia para que empresas de amigos y de activistas de ultraderecha tuvieran acceso a créditos subsidiados de la estatal Caixa Económica Federal.

Al mismo tiempo, el partido conservador Novo exigió explicaciones sobre ese asunto al Ministerio de Economía, del cual depende ese banco público.

Según Crusoé, que obtuvo documentos oficiales sobre algunos de los casos, los créditos eran parte de unos planes especiales que el Gobierno adoptó el año pasado para intentar minimizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las pequeñas y medianas empresas.

“Desde el gabinete de la primera dama, Michelle Bolsonaro, salían pedidos para que la Caixa Económica Federal, operadora del sistema de socorro subsidiado por el Gobierno, atendiera a un selecto grupo de empresas”, dice la revista.

Entre los beneficiarios de esas supuestas maniobras figuran la peluquera particular de la primera dama, su florista “preferida”, “la confitera que le suministra los postres”, un promotor de eventos que organiza las fiestas de la familia y algunas empresas del ramo de la moda que la tienen como clienta.

En algunos documentos obtenidos por Crusoé, que incluyen correos electrónicos, los pedidos para agilizar los créditos, dirigidos a la dirección del banco, aclaran que el asunto ya había sido conversado telefónicamente “por la señora Michelle y el señor Pedro Guimaraes”, presidente de la Caixa.

“Fue un hecho tan fuera de lo común que los propios auditores del banco lo descubrieron en poco tiempo”, al detectar lo que Crusoé califica de “lista VIP” de empresas solicitantes.

“La lista VIP de la primera dama tuvo tratamiento VIP por parte del banco”, agrega la revista, según la cual los pedidos fueron tramitados con una “extraña” celeridad.

El presidente Bolsonaro se ha mantenido en silencio sobre el caso, igual que la primera dama, que ya había sido salpicada en el pasado por otros asuntos de corrupción en los que supuestamente estarían algunos de los tres hijos que el mandatario tuvo en un matrimonio anterior.