Hoy 
Un total de 67 militares adscritos al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA), se han vistos envueltos en casos de trafico de drogas hacia diferentes países, especialmente Estados Unidos Europa, en un periodo de dos años y cinco meses.
Entre ellos figuran l4 oficiales superiores, nueve subalternos y los demás entre sub-oficiales, cabos y rasos, quienes estaban diseminados en los aeropuertos de Las Américas, Gregorio Luperon, de Puerto Plata, Cibao, de Santiago y Punta Cana, según los informes obtenidos por este medio.
Ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD dio a conocer la cancelación y sometimiento a la justicia del último grupo de cinco militares adscritos al CESA por su vinculación en el envió de cargamentos de estupefacientes hacia los Estados Unidos y otras naciones.
Los detenidos fueron identificados como el sargento Julio Cesar Reynoso Rubiera, los cabos Fidel Ernesto González Infante, Leonel Angulo Polanco, Obdhys Contreras Ramírez y Carlos Edison Rocha Vargas, quienes prestaban servicios en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
De acuerdo al presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, los militares estaba conectado con una red de traficantes de drogas que llego a realizar varios envíos estupefacientes hacia los Estados Unidos, con las facilidades que los miembros del CESA, les daban.
Rosado Mateo dijo que el desmantelamiento de la banda de narcotraficantes fue posible, luego del decomiso en el aeropuerto Jhon F. Kennedy, de Nueva York, de un cargamento de 52 kilos de cocaína que los presuntos narcotraficantes y militares cancelados lograron enviar en un vuelo de Delta Arlines.
Se informó que de los 67 militares cancelados en dos años y cinco meses por narcotráfico, mas de la mitad estaban de servicio en el Aeropuerto de Las Américas y los restantes distribuidos en las demás terminales aeroportuarias, ocupando el segundo lugar, el Gregorio Luperon, de Puerto Plata.
Trascendió que a la mayoría de los militares vinculados en las bandas de narcotraficantes, las autoridades judiciales y de la DNCD, han despojado de bienes y propiedades que supuestamente compraron con fruto del dinero producto de la venta de estupefacientes.
