POR LEONORA RAMÍREZ S.
Militares al servicio de la cárcel de San Pedro de Macorís impidieron la entrada del capellán Christopher Hartley, quien ayer realizaría varios oficios religiosos como es su costumbre en ese penal, luego que denunciara que en el recinto operan negocios ilícitos dirigidos por oficiales adscritos a la prisión que alberga a más de 800 reclusos.

El sacerdote dio la información a HOY mientras esperaba al general de brigada Juan Ramón de la Cruz Martínez, director de Prisiones, con quien tenía previsto conversar sobre la situación de ilegalidad que alegadamente impera en el recinto carcelario.

«Conversamos con De la Cruz Martínez en la puerta de la fortaleza, su argumento era un poco lavarse las manos como Poncio Pilatos, diciendo yo sólo tengo autoridad en el recinto penitenciario, pero no en donde están los militares.

«Yo creo que en estos momentos él es un hombre muy asustado, que para no verse involucrado en un conflicto prefirió humillarse diciendo que no tenía autoridad, cosa que es totalmente falsa, porque ellos son militares y él policía», destacó el párroco de la comunidad de San José de los Llanos.

Hartley refirió que los tenientes William y Florian les informaron que por órdenes superiores se restringía su acceso a la prisión, que es regenteada por el general Ubaldo Reyes. El sacerdote dijo además que los hechos que ocurren en la misma son responsabilidad de los coroneles Matos y Madé.

De acuerdo con su denuncia, en la prisión se trafica con drogas, se fabrica ron, se tortura a los reclusos, se venden las celdas, entre otras irregularidades.

Precisamente ayer 15 reclusos recibirían los sacramentos del bautismo, comunión y confirmación.

«Para impedir que yo efectuara esos sacramentos invocaron que yo dije que me robaron cosas del vehículo que dejé en el parqueo de la cárcel, donde solamente hay militares, aunque no robaron joyas, simplemente es el tipo de comportamiento al que están acostumbrados, pero nunca pasa nada porque son militares», dijo Hartley.

Al destacar que ha recibido amenazas de muerte por la actitud que ha asumido en contra de las acciones punitivas de algunos militares, refirió que el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, jefe de la Policía, dispuso que varios oficiales lo custodien las 24 horas del día.

«Los militares no me pueden ver ni en fotografía, porque he dicho también que ellos son los que trafican con los haitianos que trabajan en los bateyes. Pero el argumento para no dejarme entrar es una tontería para decir nosotros tenemos que sacar a ese maldito de esta cárcel, porque nos está desarmando todo lo que tenemos aquí».

Aunque Hartley desconoce si la medida que impide su acceso al recinto es irreversible, el lunes someterá a la justicia a las Fuerzas Armadas, en la persona del general Reyes, por la violación de sus derechos.

«Según el Concordato, la iglesia católica tiene derecho de nombrar capellanes en todos los destacamentos militares, por tanto yo soy un miembro del personal de la prisión, como lo es el alcaide y los demás empleados del penal», refirió el sacerdote.

LAS DENUNCIAS DE HARTLEY

De acuerdo con el sacerdote diocesano, los colmados que funcionan en el recinto son propiedad de militares, y estos les impiden a los familiares de los reos que les lleven alimentos, para obligarlos a que compren en esos negocios.

Asimismo, que la comida que envía la Dirección de Prisiones, que debe servirse gratuitamente, es vendida por los mismos oficiales, que tienen un equipo de reclusos que las distribuyen en fundas.

«Los alimentos que envían serían suficientes para desayuno, almuerzo y cena, pero como resultado de esta situación los reos sólo reciben una ración diaria», expresó Hartley.

Otro caso denunciado por el sacerdote es el supuesto cobro de RD$250 para trasladar al hospital a los prisioneros enfermos, cuando la prisión colinda con el hospital Antonio Musa y el director del mismo dispuso la apertura de una puerta para que se llevasen a pie los prisioneros que no están enfermos de gravedad.

«Es un trayecto de 500 metros, y no es verdad que un taxi va a pedir RD$250 por darle la vuelta a la manzana, por eso los militares nunca abren esa puerta porque de los RD$250 ellos cobran RD$200.

Una cantidad similar exigen también para llevar a los reos al Palacio de Justicia, cuando tienen cita para conocer sus respectivos procesos, destacó Hartley.

Eso no es todo. En la cárcel de San Pedro de Macorís, de acuerdo a su versión, hay un recluso torturador llamado Eddy El Mono, quien recibiría como recompensa tener relaciones sexuales con una reclusa llamada Marisol, la cual se beneficiaría de muchos privilegios en el penal.

«Pero además, en el tiempo que tengo visitando la prisión, alrededor de ocho años, tres reclusas han sido embarazadas por militares».

Las denuncias de Hartley no terminan ahí, pues en la prisión se estaría fabricando ron, que se le vende a los presidiarios, sobre la base de frutas fermentadas, y el la venta de drogas también tendría su nicho de mercado.

El padre igualmente destacó las condiciones de hacinamiento del penal, lo cual provoca que los que padecen tuberculosis contagien a otros. «Aquí las celdas se compran y se venden a los militares, las privadas cuestan hasta 20,000 pesos; y para un preso comunicarse con sus familiares tiene que pagarle a los oficiales hasta RD$45.00 por llamada desde sus celulares».

HABLA EL OFICIAL

El comandante de la Sexta Brigada de Infantería del Ejército Nacional en San Pedro de Macorís negó que haya impedido la entrada al párroco de Los Llanos, Christopher Hartley , al recinto carcelario y dijo que fue éste quien se negó a entrar.

El general Ubaldo Reyes Fernández explicó que la orden que dio fue que a Hartley no se le permitiera entrar con su vehículo, ya que había denunciado recientemente que en el interior de las cárceles se les habían perdido sus pertenencias.

Dijo que el párroco colocó su vehículo en la puerta de entrada al recinto militar y que para mediar acudió al lugar el director de Prisiones, general Juan Ramón de la Cruz Martínez.

Indico que De la Cruz Martínez intentó convencer al párroco para que entrara sin su vehículo al recinto carcelario para que realizara sus oficios religiosos, pero que éste siempre se negó.

Afirmó que la acción fue grabada por un periodista en San Pedro de Macorís, que labora para el canal 43.

«Nunca hemos impedido la entrada al párroco para que entre al recinto militar, lo que pasa es que él denunció que se perdieron pertenencias de su vehículo y no queremos que ocurra nuevamente», explicó el general Reyes.

Dijo que cuando el padre Hartley quiera puede realizar sus oficios religiosos, «siempre y cuando deje el vehículo fuera del recinto militar».