Hace pocos días Alan García, el Presidente de Perú, dijo en CNN en Español que aceptaría tropas de entrenamiento norteamericanas en su país como ayuda para combatir el narcotráfico. Agregó que ya los americanos colocaban para esos fines en suelos latinoamericanos sus helicópteros y entrenadores para satélites de comunicación.

El 17 de agosto la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que Estados Unidos debería ofrecer un nuevo programa anti-droga específico para América Central y no, como en la actualidad, como simple apéndice al “Plan Mérida” para México, plan que incluye un poco de plata también para República Dominicana. Desde el último período de Joaquín Balaguer nuestro gobierno ha autorizado a que barcos de guerra norteamericanos aun dentro de aguas territoriales dominicanas puedan abordar embarcaciones con tal de que a bordo de esos barcos de guerra esté un oficial de la marina dominicana.

Los poderosos helicópteros norteamericanos Black Hawk, estacionados en Puerto Rico, en demasiadas pocas ocasiones han sobrevolado nuestro país en esfuerzos por incautar drogas.

En El Salvador, por el contrario, aviones de guerra norteamericanos están estacionados permanentemente para la lucha anti-droga, al igual que en Colombia.

Estamos gastando US$130 millones en aviones tucanos y radares, probablemente sobrevaluados, pero nada lograríamos si los pilotos y operadores de los radares están en la nómina de los traficantes. Además, no podemos tumbar aviones en el aire, pues, de acuerdo a una ley norteamericana, si lo hacemos nos dejarían de dar toda la información sobre las “trazas” de aviones con drogas que salen desde Colombia y Venezuela y también nos negarían otros datos de inteligencia.

Ahora que las tropas americanas no están luchando en Irak, ¿no será éste el momento para Centroamérica y República Dominicana pedir una presencia permanente de aviones y helicópteros americanos en nuestros países y también operadores de radares?  Creemos que sí, aunque no debemos hacernos demasiadas ilusiones pues, después de todo, la droga también entra en Puerto Rico desde Colombia y Venezuela y es territorio federal norteamericano. Además, luce que los narcotraficantes cambian con frecuencia de ruta, dependiendo de dónde se les hace más fácil llevarlas. Ahora ese tráfico se ha reducido en nuestro país, pero a expensas de Centroamérica.

Todo indica que sólo quedan dos alternativas: pedir asistencia militar norteamericana o cierto tipo o grado de legalización de algunas de las drogas.  El propio Presidente de México, Felipe Calderón, el mes pasado sugirió un debate sobre si legalizar o no las drogas. Es la misma persona que al ver que la policía era insuficiente para vencer a los narcotraficantes metió al ejército de lleno en esa lucha y la violencia lo que ha hecho es aumentar. Es el primer presidente latinoamericano quien desde el poder ha hecho esa sugerencia. Ya varios ex presidentes lo  habían hecho: Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia). 

Estos tres específicamente sugirieron legalizar la marihuana. El antecesor de Calderón, Vicente Fox (2000-2006) fue más allá y, respondiendo al reclamo de Calderón, sugirió la legalización de todas las drogas argumentando:  “La legalización no quiere decir que las drogas sean buenas… sino que tenemos que verla como una estrategia para atacar y romper la estructura económica que permite a las mafias generar enormes beneficios en sus negocios lo que a su vez sirve para corromper y aumentar su poder”.  El Estado de California votará el próximo noviembre sobre si legalizar e imponer impuestos a la venta de marihuana a adultos. Ya eso se ha hecho en Canadá.  En Colombia y Argentina cortes de justicia han declarado inconstitucional perseguir a los que poseen drogas. En España, Portugal, Italia y otros países europeos la posesión personal de drogas ya no es un crimen.

Pero en nuestro país una encuesta de la Gallup publicada en este periódico evidenció que un 83% de nuestra población se opone a la legalización.