La vicepresidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Hermanas Mirabal (Aprodehma), Linabel González, afirmó que el proyecto de reforma carcelaria que se implementa en la Fortaleza Juana Núñez atraviesa por una preocupante crisis.

Esa crisis se debe a la negativa de la seguridad militar de acatar las decisiones que se toman bajo el amparo de la Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario, según sus declaraciones.

En una carta enviada a este redactor, González expresa que el programa de rehabilitación que se implementa en ese recinto carcelario “comenzó a ser bombardeado por los mandos militares desde el mismo momento en que se trasladaron de golpe a todos los militares que habían sido preparados en cursos y talleres sobre manejo penitenciario”.

Sobre ese aspecto refirió que la seguridad militar dice recibir órdenes superiores, aunque no están por escrito, para oponerse a las decisiones colectivas de la Comisión de Disciplina, Evaluación y Sanción.

De acuerdo a su versión, el incumplimiento de las medidas disciplinarias provocó que, la semana pasada, se produjera un motín en el centro penitenciario.

Ese motín, dijo, tenía por finalidad “hacer saltar del puesto a la directora, reconocida como una mujer de servicio y pilar fundamental de los grandes logros de ese proceso carcelario en la provincia Hermanas Mirabal”.

La reinserción de los prevenidos. González expresó que los trabajos que se realizan en el recinto carcelario, en favor de los prevenidos, ha dado como resultado que el 87% realicen actividades educativas y laborales, que el 84% sea socio de la Cooperativa Hermanas Mirabal, que el 52% envíe ayuda a sus familiares de los trabajos que realizan, y que el 34% salga a trabajar fuera del recinto con custodia.

En el centro los prevenidos reciben docencia en el nivel primario y secundario, y capacitación del Instituto de Formación Técnico Profesional y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas.