WASHINGTON, (AFP) .- El jefe del Comando Sur estadounidense, Bantz Craddock, y varios senadores demandaron ayer martes la reanudación de la ayuda militar a varios países latinoamericanos, interrumpida porque no otorgaron inmunidad a soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La decisión de no firmar el acuerdo bilateral con Washington conocido como “artículo 98”, que exime a los soldados estadounidenses de eventuales responsabilidades ante la CPI, ha significado la interrupción de la ayuda militar -incluido entrenamiento- para 11 países de la región, algunos “clave” como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador, recordó Craddock.

“Otorgar oportunidades para que personal militar extranjero reciba entrenamiento con oficiales estadounidenses es esencial para mantener lazos fuertes con nuestras naciones aliadas”, estimó el general, en una audiencia en la comisión de Fuerzas Armadas del Senado estadounidense.

Según el jefe del Comando Sur, China está aprovechando el vacío dejado por Estados Unidos para aumentar su presencia en la región y entrenar a militares latinoamericanos.

“Otras naciones como China están tomando ventaja y vamos a perder contacto con una generación de líderes (latinoamericanos), algo que nos perjudicará en el futuro”, afirmó. El senador John McCain (republicano, Arizona) indicó que “si Estados Unidos quiere ganar la lucha contra el terrorismo” no puede darse el lujo de interrumpir la ayuda a países aliados en la región. “Estamos descuidando a nuestros vecinos del sur de una manera que luego será muy difícil de solucionar”, advirtió por su lado Hillary Clinton (demócrata, Nueva York).

“Esta comisión necesita no sólo sonar alarmada, sino exigir un acercamiento más integral a los fondos para educación y entrenamiento militar internacional”, opinó la senadora.

Los senadores John Warner (republicano, Virginia), James Inhofe (republicano, Oklahoma) y Carl Levin (demócrata, Michigan) también se declararon preocupados por el tema y destacaron la necesidad de revisar la política.

Craddock precisó que en 2003, el último año del programa de educación y entrenamiento militar internacional (IMET por sus siglas en inglés) antes de que las sanciones entraran en vigor, 25% del número total de estudiantes de la región que recibieron entrenamiento (3.128 oficiales) provino de países actualmente sancionados.

La voz de Craddock se suma así a la de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, que el viernes pasado, durante su viaje a Chile para la asunción de la presidenta Michelle Bachelet, abogó a favor de un cambio de la política.

Eliminar o reducir la asistencia militar a países como Chile o Bolivia, que buscan combatir el terrorismo y el narcotráfico, “es como lo mismo que dispararnos en el pie”, dijo Rice a periodistas a bordo de su avión.

No obstante, precisó que el gobierno de George W. Bush tiene una flexibilidad limitada para reanudar la ayuda porque una ley aprobada por el Congreso requiere la interrupción de la ayuda militar a países que no eximan a soldados estadounidenses arrestados en su territorio de ser juzgados en La Haya.

“Ciertamente estamos revisando” la política “y consultaremos con el Congreso”, apuntó Rice.

El embajador estadounidense en las Naciones Unidas, John Bolton, se opone al cambio de la política, pero el Pentágono ha decidido que es más perjudicial que beneficiosa, indicó el viernes el periodista Jackson Diehl en una columna de opinión en el diario The Washington Post.

“Uno tiene que sopesar los beneficios hipotéticos de esta política en el futuro contra el muy real daño que está infligiendo en nuestras importantes relaciones en la región”, dijo al diario el subsecretario de Defensa adjunto para Latinoamérica, Roger Pardo-Maurer.

“En el caso de México, no hay duda de que esto es un retroceso. De repente nos damos cuenta que estamos en esta jaula de cristal”, afirmó el funcionario.

Afirma Chávez desestabiliza

WASHINGTON, (AFP) – El jefe del Comando Sur estadounidense, general Bantz Craddock, dijo el martes estar preocupado por la influencia “desestabilizadora” de Venezuela en varios procesos políticos de la región, como las próximas elecciones en Perú y Nicaragua.

“Francamente, vemos una influencia de Venezuela en varias elecciones que tendrán lugar, como en Perú” y Nicaragua, dijo Craddock en una audiencia en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, “es una influencia muy desestabilizadora” en Latinoamérica, insistió.

En una región que se caracteriza por la debilidad de sus democracias, la injerencia venezolana hace difícil para los gobiernos convencer a sus electorados de que “la democracia es una buena cosa”, afirmó.

“Estamos observando la situación, estamos preocupados”, dijo.

Según Craddock, “más petrodólares venezolanos están siendo repartidos a través de la región que en Venezuela”, donde aseguró que reina la pobreza y “se ha perdido la existencia de un sistema de equilibrios y controles, de separación de poderes”.

Las relaciones entre las fuerzas armadas estadounidenses y venezolanas “se han erosionado considerablemente en los últimos 12-18 meses”, sostuvo. “Creemos que la politización de las fuerzas armadas venezolanas está amenazando nuestra larga y fructífera relación militar”, añadió.

El general también expresó su preocupación por la “continua” compra de nuevo armamento por parte del gobierno de Chávez.

“Su acumulación de equipamiento militar no ha sido un proceso transparente y es un factor desestabilizante en una región donde las naciones están desplegándose para confrontar amenazas transnacionales, no una a otra”, sostuvo.

“Seguimos sin estar convencidos de que la amplitud y profundidad de la acumulación (de armamento) se origine en preocupaciones venezolanas por la defensa nacional”, sentenció.

En enero, Estados Unidos negó a España la licencia para la venta a Venezuela de 12 aviones militares con componentes estadounidenses al considerar que el gobierno de Chávez “contribuye a la inestabilidad regional” y que la venta podría “complicar la situación”.

En Venezuela están en funciones unos 160 diplomáticos estadounidenses de los cuales 22 son militares, mientras que en Estados Unidos, donde están instaladas las sedes de varios organismos internacionales, están acreditados unos 400 diplomáticos venezolanos, de los cuales 65 son militares.

A inicios de febrero, Chávez acusó de espionaje al agregado naval de la embajada de Estados Unidos, John Correa, y le ordenó salir del país, lo cual generó a su vez la expulsión de la jefa de gabinete del embajador venezolano en Washington, Jeny Figueredo.

Estados Unidos y Venezuela mantienen relaciones a nivel de embajador pero carecen prácticamente de canales de comunicación desde mediados del año pasado, cuando el gobierno venezolano interrumpió la coordinación institucional con la Agencia Antidroga estadounidense (DEA).

En mayo de 2004 Caracas suspendió la cooperación militar con Estados Unidos, al que acusa de haber apoyado activamente el golpe de Estado que sacó a Chávez del poder durante 47 horas en 2002.

Estados Unidos es el principal inversor y socio comercial de Venezuela, que a su vez es su cuarto proveedor de petróleo.