El Congreso Nacional mantuvo ayer una militarización parcial, reducida a medio centenar de agentes y la Marcha Verde cerró la semana en la casa legislativa con una protesta de sus integrantes en demanda de que se investigue el nuevo escándalo de corrupción con la constructora Odebrecht y los contratos de la obra de Punta Catalina.
Ayer, no se permitía el tránsito de vehículo en las avenidas que bordean el Congreso Congreso y la puerta Sur permanecía bloqueada por mallas metálica.
La presencia de militares y de policías la solicitaron los presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, argumentando que el Congreso de la República estaba amenazado por los antirreeleccionista.
Los diputados danilistas apoyan lo que califica el reforzamiento de la seguridad del Congreso, para impedir que turbas lleven intranquilidad al poder del Estado.
Empero, los leonelistas conciben la presencia de unos uniformado como una ocupación por parte del Poder Ejecutivo.
Marcha Verde. Representantes de este colectivo se pronunciaron ayer frente al Congreso para exigir que por el reciente escándalo de Odebrecht destapado en la República Dominicana sean procesados en un tribunal independientes el presidente de la República, Danilo Medina; el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los funcionarios que figuran en el caso.
En un documento leído por la joven Eunice Rodríguez, Marcha Verde, solicita al Ministerio Público abrir un nuevo expediente para los pagos secretos que por US$39 millones hizo Odebrecht mediante sobornos de la compañía.