*Como parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) suspendió y desvinculó a 32 profesores de la escuela por acoso sexual durante el pasado año escolar 2023-2024.

De acuerdo con los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con 8; en Cotuí, Regional 16, con 5; en La Vega, Regional 06, con 5 y en Santiago, Regional 08, con 4.

De los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobará que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las Relaciones entre el Personal Docente y Administrativo con los Estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario.

Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente.