A este título estamos urgidos de encontrarle una respuesta adecuada, con visión de futuro y, ante las posiciones encontradas que genera – racionales unas, pasionales otras – debiera ser ampliamente consensuada. No es una respuesta que deba surgir de uno u otro especialista, ni de uno u otro empresario, ni mucho menos de uno u otro político. Si se requiere crear las bases de un vasto consenso que contribuya a que la posición que se estructure responda a una visión nacional donde la mayoría de la población se pueda mover tras de ella, debe ser producto de un extenso, intenso y amplio diálogo nacional.

Ese fue el punto crucial de una fructífera mesa de discusión – mas bien de expresión de opiniones – que se desarrolló hace muy pocos días en la sede de la Academia de Ciencias de la República Dominicana – ACRD – con la participación del diputado Pelegrín Castillo, acompañado de varios colaboradores y asesores sobre el tema, y representantes de las Comisiones de Economía y Ambiental de la  ACRD. El debate fue rico en expresiones y esclarecimiento de posiciones. No puede desconocerse de que el diputado Castillo, además de su probada capacidad profesional y técnica, presidió por diez años la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara y otros cuatro la de Minería y Recursos Naturales. La Academia precisó que no está, per se, en contra de la minería, sino que ha asumido posiciones precisas sobre proyectos concretos que ha considerado lesivos al interés nacional. 

Un planteamiento unánime fue el de la pertinencia y urgencia de que se busque lo justo mediante un diálogo abierto de amplio espectro nacional en el cual debatir tanto la conciliación de valores tangibles e intangibles como la definición de políticas frente al dilema fundamental: la minería como factor de desarrollo o la minería en completa incompatibilidad con el medio. Ante ese punto esencial se encuentran aquellos que, a veces, con estridencia, buscan tribuna y aquellos otros que con no menos elocuencia pretenden preponderancia, poder o riqueza. Las posiciones extremas se sitúan entre los que descartan de plano la explotación minera, incluso sin importa de cuál se trate, y los que defienden su explotación sin importar el costo ambiental y social.

Es verdad que sufrimos graves insuficiencias: políticas públicas claras, institucionalidad firme, capacidad y determinación de fiscalización, disponibilidad adecuada de técnicos – la última promoción de geólogos data de 1989 -, entre otras.

En mi artículo de abril 8, “Minería vs. Desarrollo”, decía: “si no hay una supervisión seria, responsable y permanente del organismo gubernamental encargado de garantizar que se cumpla con los parámetros de producción y respeto medio-ambiental, el resultado puede ser dramático. Entonces estemos conscientes de que lo fundamental es, y siempre va a ser, el hombre y sus instituciones”. Sumamente importante la propuesta del Presidente de crear un Ministerio de Energía y Minas.

No basta decir “si” o “no” a la pregunta inicial, sino esclarecer en qué escala.