El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo trabaja en la elaboración de políticas públicas para lograr que sean efectivos los planes del Gobierno en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Este desafío lo impulsa la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, dirigida por Rosa Cañete Alonso, economista especialista en desarrollo con más de 20 años de experiencia.

Cañete trabajó durante años con las organizaciones populares y comunitarias que trabajan en los barrios de la zona norte de la capital, territorios donde se encuentran la carencia de servicios públicos y las capacidades humanas para enfrentar esas carencias de forma colectiva.

Esta sólida experiencia de conocer en los territorios esta problemática la califica para entender la realidad de la pobreza y la desigualdad desde una mirada mucho más amplia que la monetaria.

La dirección tiene la función de medir la pobreza y la desigualdad, y a la vez, acompañar a las instituciones del Gobierno que ejecutan políticas públicas para que sean más efectivas en el combate de estos fenómenos.

“El rol de esta dirección es clave a la hora de conseguir transformar la forma en que se han venido abordando la pobreza y la desigualdad en el país”, precisa Cañete.

La dirección, que está integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales, tiene dentro de sus prioridades actualizar las líneas de pobreza monetaria.

Para hacer la actualización, explicó Cañete, cuenta con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos e de los Hogares publicada por el Banco Central con nuevos datos al 2018.

La economista precisó que hasta ahora se ha trabajado con unas líneas de pobreza que estiman que una persona es pobre extrema cuando ingresa menos de RD$2,363 al mes y es ya necesario actualizar esos datos.

“El indicador más habitual que usan los estados para medir pobreza es el ingreso, pero la pobreza es mucho más que esto y el país ha venido avanzando en los últimos años, desarrollando índices de pobreza multidimensional”, dijo Cañete.

También tienen como meta oficializar una metodología de medición de la pobreza multidimensional porque existen varias, para así monitorear el avance en temas como acceso a agua, salud (no solo afiliación), calidad educativa o participación.

Otra meta radica en el empuje de un análisis más multidisciplinar, no solo desde la economía, sino también a partir de otras disciplinas como la sociología, las ciencias políticas o la antropología para entender la pobreza y desigualdad y ayudar a humanizar las estadísticas y las políticas públicas.

Además, explicó Cañete que profundizarán en la medición de las desigualdades. Indica que el país no ha contado con instrumentos que permitan capturar la desigualdad extrema, ya que solo se utilizan encuestas de hogares.

“Son muy pocas personas las que concentran gran parte de la riqueza del país y precisamente por eso, las encuestas no son buenas para medir esos niveles de desigualdad. En estas encuestas, nadie va a la casa de la persona más rica del país a entrevistarla”, puntualizó.

Explicó que también tienen entre los planes desarrollar junto a la Oficina Nacional de Estadística, cuando realice el nuevo censo de población, los mapas de pobreza que son importantes, porque el territorio es el que contiene las privaciones y las capacidades de un colectivo.

Asimismo, Cañete expresó la importancia de que se analice el trabajo no remunerado de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres y el gran aporte que significa para la sociedad. “La carga de este trabajo tan importante está asociada a las tasas de pobreza y las limitaciones para acceder a empleos dignos de las mujeres, deberíamos pensar en políticas públicas que aborden esta realidad” planteó.

Informe sobre COVID-19

En cuanto al COVID-19, dijo que la dirección desarrolla un informe que será publicado próximamente para estimar el impacto de la pandemia en el aumento de la pobreza monetaria y qué tan eficientes han sido los programas sociales.

Para Cañete las brechas que más ha desnudado la pandemia COVID -19 son las de género y la informalidad en el empleo.

Sostuvo que la falta de poner en marcha políticas de cuidado (para niños y ancianos) ha agudizado con la pandemia la sobrecarga que tradicionalmente llevan las mujeres.

De acuerdo con Cañete, la construcción de una cultura de derecho en vez de una de privilegios también es clave a la hora de construir cultura democrática que facilite la aprobación de políticas públicas para enfrentar la pobreza y desigualdad.

“Cuando las políticas públicas se definen en un contexto de extrema desigualdad suelen ser las élites las que acaban influenciando de manera más directa el diseño de las políticas públicas”, expresó la economista. Por esta razón es importante para esta dirección trabajar sobre el poder y la cultura democrática en el país ya que está íntimamente relacionada con la pobreza y la desigualdad.

“Si no enfrentamos la pobreza y la desigualdad nunca vamos a tener suficiente calidad democrática, y si no tenemos mayor calidad democrática nunca vamos a poder enfrentar la pobreza y desigualdad”, argumentó Cañete.