Retrógrada. Retrasada. Anticuada. Arcaica. Cobarde. Desafortunada. Populista e inconstitucional. Son solo algunas palabras válidas para describir la decisión del Ministerio de Educación de derogar la orden departamental 33-19 que establece el compromiso del diseño y establecimiento de la política de género.

El objetivo de la misma, y así lo señala el artículo 1, es la desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana y que, agrego yo, son caldo de cultivo de violencias y desigualdades, por lo que busca una educación no sexista.

La decisión, tomada durante el Gobierno PLD-Danilo Medina, siendo ministro Antonio Peña Mirabal, fue correcta, primero porque no es un invento de un grupito. Es la Constitución que en sus artículos 8 y 39 habla de la función y compromiso del Estado dominicano con la igualdad y la equidad.

Es inculcarle al estudiantado que, aunque con sus diferencias biológicas, son iguales en derechos, deben respetarse mutuamente y tener iguales oportunidades. Ese es un mensaje importante en un país donde en las escuelas hay bullying, violencia, acoso sexual; donde la cantidad de feminicidios coloca al país como el tercero en la región, donde hay embarazos adolescentes y más del 50% de padres y madres admite usa violencia con sus hijos e hijas.

Y la escuela es un lugar clave para cambiar todo esto porque tiene recursos (maneja el 4% del PIB); estructura nacional, profesionales y porque las familias no pueden solas, debido a que no todas son iguales (en algunas hay violencia, violaciones sexuales y estereotipos).

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Sin embargo, algunos sectores se opusieron desde un principio a esta orden departamental con argumentos falsos como que el objetivo es cambiar la identidad sexual de niños y niñas. ¡Que irónico que se autoproclamen provida! Les molesta el feminismo, no los feminicidios. Les molestan las leyes e iniciativas contra la violencia, no la violencia hacia las niñas y mujeres.

Ahora bien, ese lujo no debe dárselo el Gobierno del PRM, que en su programa de campaña prometió trabajar contra la violencia de género, y menos el Estado que debe cumplir la Constitución, la END, convenios internacionales como los ODS y el pacto educativo.

Además, evidencia desorden gubernamental porque mientras el consultor del Poder Ejecutivo y la ministra de la Mujer depositan un proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres; Compras y Contrataciones crea condiciones para que empresas lideradas por mujeres tengan acceso a concursos; la JCE hace esfuerzos encomiables a favor de la paridad, el Ministerio de Economía incorpora la perspectiva de género transversalmente y el Gobierno crea un Gabinete de Niñez y Adolescencia, presidido por Raquel Arbaje, el Ministerio de Educación desbarata con los pies lo que tantas instituciones del Estado están haciendo con las manos.

De modo que ojalá se retracte como piden Profamilia, Foro Feminista, CUDEM, el Instituto de Género de la UASD, entre otras entidades, porque aunque el ministro Ángel Hernández dijo priorizará el estudiantado domine lectoescritura y matemáticas, nos quedamos cortos si al final tenemos estudiantes con sobrados méritos académicos, pero los varones terminan como feminicidas y las hembras como víctimas.