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Santo Domingo.- Las autoridades del Ministerio Público calificaron de «nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad», la decisión de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que ratifica el Auto de No Ha Lugar emitido a favor del senador por San Juan Félix Bautista, y otros seis acusados de corrupción y lavado de activos.
Indicaron que con ello se desacredita el sistema de justicia y se da un mal ejemplo a la sociedad y a todos aquellos que ocupan una función pública.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, condenó la decisión tras advertir que constituye un franco retroceso al combate de la corrupción administrativa y el mal uso de los fondos públicos.
“Se trata de una decisión que va muy en contra del interés nacional y de lo que establecen la Constitución y las leyes. El recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que favoreció al grupo de implicados, fue muy amplio, con fundamentos jurídicos relevantes y suficientes para su revocación y el envío de este caso a juicio de fondo”, manifestó.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Miriam Germán, quien la preside; Esther Angelan Casasnovas, Frank Soto, Juan Hirohito Reyes y Mariana Daneira García Castillo, con el voto disidente de las dos primeras juezas, ratificó el Auto de No Ha Lugar que fue emitido el pasado 27 de marzo por el juez Alejandro Moscoso Segarra a favor del senador Félix Bautista y otros seis implicados.
El Ministerio Público señaló que es una decisión muy negativa que marca de manera lastimosa los esfuerzos hechos para que el país tome un rumbo diferente en cuanto al castigo de todo el que dé un uso irregular a los recursos del Estado.
Resaltó que es uno de los casos más grave de corrupción administrativa que se haya registrado en la República Dominicana, y en ese sentido.
Destacó la labor de investigación llevada a cabo a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para recolectar el legajo de pruebas que sustentan el expediente acusatorio instrumentado en contra del ex director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y los demás imputados.
Reiteró que seguirán haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios para perseguir las acciones dolosas cometidas en perjuicio del Estado dominicano y procurar que en cada en cada caso se imponga la sanción que corresponda.
