Es indiscutible que uno de los puntos más sobresalientes de la gestión del Presidente Luis Abinader es haber cumplido su promesa de campaña de designar un Ministerio Publico independiente, básicamente el Procurador General de la Republica, para lo cual nombró una persona inobjetable, con grandes prendas de carácter y una trayectoria impoluta, Mirian German Brito, y los frutos no se han hecho esperar con varios procesos que retratan la anterior administración como una cleptocracia, sin embargo daría la impresión que la falta de recursos va a limitar el sometimiento de expedientes que involucren montos defraudados posiblemente mayores a los procesos en curso.
En el caso anti-pulpo, que tiene como protagonista imputado a Alexis Medina, retrata el nepotismo llevado a la expresión de convertir a un hermano, y otros consanguíneos, en proveedores del gobierno, violando la prohibición que establece la Ley de Compras y Contrataciones(Ley 449-06, Art. 14, párrafo quinto) y ese es el pecado venial, lo grave es que se firmaron contratos sin registrarlos en la Contraloría, sobrevaluando, recibiendo pagos sin entregar los bienes y una cadena de violaciones como reflejan las auditorias.
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El caso medusa es más escandaloso, porque el responsable “de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad…” (Constitución de la Republica Art. 169), nada más y nada menos que el Procurador General Jean Alain Rodríguez, artífice del traje a la medida del expediente Odebretch, está imputado de crear una estructura mafiosa para sustraer recursos del erario público por diferentes vías.
Para nadie era un secreto la corrupción militar y policial en todos los gobiernos. Era un tema tabú; algún Presidente dijo “era la ración del boa” para que dejaran gobernar, sin embargo cuando dejaron de representar un peligro para la estabilidad democrática siguió institucionalizada la corrupción y el enriquecimiento ilícito de jefes policiales, Ministros de las Fuerzas Armadas, Jefes de Estado Mayor y subalternos vinculados, hasta que el caso Coral y el Coral 5G destapó parte de esa corrupción y hoy más de una decena de generales y subalternos están acusados, por cierto del entorno cercano al Expresidente Medina,.
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Faltan muchos caso que probablemente no habrá los recursos humanos y tecnológicos para procesar correctamente los expedientes, como se ha hecho en estos tres, y se destaca el de las EDES, que también involucra a Alexis Medina y cuñados del Expresidente, el caso de los RD$11,500 millones en asfalto, cuyo principal implicado es el excandidato presidencial Gonzalo Castillo u Odebretch 2.0 con los funcionarios de la pasada administración donde se otorgaron a la constructora Brasileña el mayor monto de contratos.
La Procuradora General en su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio y el Congreso fue enfática en la necesidad de mayores recursos y es que el Ministerio Publico, demanda de mayor y más calificado personal humano y sobre todo de tecnología, por lo refinado de la corrupción reciente y la que podría devenir en el presente y el porvenir, y eso es imposible con el presupuesto contemplado para 2022.
Independiente de cualquier otra acción dirigida a fortalecer el Ministerio Publico, el Presidente Abinader debe sellar su impronta modificando el Proyecto de Presupuesto y asignándole lo que establece la Ley 194-04.