El Ministerio Público informó que el caso de Jesús Pascual Cabrera Ruiz por narcotráfico, lavado de activos, asesinato y asociación de malhechores, cuyo proceso judicial se lleva desde agosto del pasado año en el departamento Judicial de La Romana, no se ha podido conocer medidas de coerción debido a las tácticas dilatorias utilizadas por los abogados de los imputados.

Detalló que desde la solicitud de medidas de coerción en agosto del pasado año, han sido celebradas catorce audiencias durante las cuales los abogados de la defensa han presentado innumerables incidentes, entre ellos seis recusaciones a jueces y una al Ministerio Público, tres inhibiciones, solicitud de desglose, además de haber interpuesto acciones constitucional de Habeas Corpus, y recurso de apelación, entre otras tácticas dilatorias, todo con el firme y malintencionado propósito de detener el proceso.

La institución del sistema de justicia destacó que si bien es cierto que se le debe respetar el debido proceso y salvaguardar el derecho de defensa que tiene todo imputado, tal y como lo establece la Constitución de la República, también es cierto que “los actores del sistema de justicia no debemos permitir que los procesos judiciales se vean afectados por maniobras de la defensa de los encartados, más allá de lo razonable y prudente”.

Resaltó que el Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez, ha actuado de manera diligente, conforme al debido proceso y como mandan las leyes, para que el proceso seguido a Cabrera Ruiz junto a otros doce encartados, que se presume integraban la peligrosa red de narcotráfico, lleve el curso correspondiente, sin que hasta el momento se haya podido conocer la solicitud de medidas de coerción en virtud de las estrategias utilizadas por los abogados de Cabrera y varios de los demás imputados para torpedear el proceso.

La institución del sistema de justicia indicó que dentro de sus estrategias para retardar el proceso judicial, Pascual Cabrera además ha tratado de confundir al país con una campaña de descrédito contra la fiscal Reina Yaniris Rodríguez y los demás miembros del Ministerio Público a cargo del proceso judicial, que igualmente están orientadas a dañar el proceso y a desmeritar el arduo trabajo que llevan a cabo los fiscales para demostrar con suficientes evidencias, obtenidas de manera legal, que el grupo procesado está vinculado a las peligrosas actividades del crimen organizado que se les imputan.

Dijo, no obstante, que llevará este caso hasta las últimas consecuencias y que continuarán desplegando cuantos esfuerzos sean necesarios para que ese grupo de imputados, sea procesado como manda la ley y que les sea impuesta la prisión preventiva por la presunta violación del Código Penal Dominicano, la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Resaltó que el pasado jueves 23 de mayo el Ministerio Público logró que a siete de los imputados les fuera rechazada una acción de amparo que interpusieron sus abogados luego que la Fiscalía de La Romana dispusiera su traslado desde la cárcel preventiva de esta localidad a los centros de corrección y rehabilitación de Higüey, provincia La Altagracia, y de San Pedro de Macorís, alegando que el traslado de dichos imputados era inconstitucional.

En torno a esa decisión, el Ministerio Público destacó que mantuvo firme su posición de que esta institución es una autoridad competente para proceder a trasladar a los imputados cuando es necesario, logrando que fuera acogida su posición y que fuera rechazada la acción de amparo incoada por los procesados.

En relación a la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público indicó que están a la espera de que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís se pronuncie sobre la recusación que hizo el órgano investigador contra la juez Denia Beras por sostener que la misma no es objetiva.

Indicó que junto a Jesús Pascual Cabrera Ruiz también son procesados Juan Ángel Peña Taveras (El Gordito y/o El Gordo), David Emmanuel Silvestre Sierra (Chuplú y/o Chuplún), Alexander Florián (Rafita), Alex Emmanuel Nina Rosario (Alexis), Johan Manuel Jiménez, Ismael José Sentil, Kendry José Ramírez (Cdi), Argenis Antonio Cedeño Berroa, alba Josefina Cruz Berroa (Albita), y Ediliz Josney Relledo Vázquez y/o Edeliz Joney Rebolledo Vásquez, así como Juan Tomás Richiez Ditré y Juan Carlos Bernardo (El Mecánico).