En esta semana se espera que el Ministerio Público empiece a develar quiénes forman parte del tinglado político que recibió US$92 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la aprobación de licitaciones que le permitieran obtener millonarios contratos para obras públicas.
A partir de hoy la Fiscalía podrá solicitar la autorización del magistrado Francisco Ortega, designado como juez de la Instrucción Especial, para realizar las diligencias procesales y así instruir el expediente en contra de quienes se prevalieron de sus funciones públicas para provecho personal y, en consecuencia, en detrimento del Estado.
Hasta ayer circulaban nombres de legisladores y ministros que serían encausados pero ninguno de ellos se ha manifestado públicamente para desmentir tales imputaciones, pese a la insistencia de este medio.
Alrededor de 30 personas han sido interrogadas, entre funcionarios actuales, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores, así como el empresario Ángel Rondón, quien figura como la persona que recibió los US$92 millones que se distribuyeron como sobornos.
El escándalo Odebrecht, que tiene repercusiones continentales, ha puesto a la administración de Danilo Medina contra la espada y la pared, debido a los insistentes reclamos de la sociedad civil para que se procese a los implicados en este caso.
De las 17 obras que construyó la empresa, 13 se realizaron durante los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012) y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue el funcionario que firmó más contratos. Las restantes se hicieron en gobiernos de Medina.