El Ministerio Público (MP) inició ayer el arresto de once personas, incluidos dos funcionarios activos, imputados de conformar una supuesta trama de corrupción para estafar a miles de familias y al Estado dominicano, mediante la venta fraudulenta y a precio vil de más de un millón de metros cuadrados donde está enclavado el sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, informó que por la gravedad de los delitos que se imputan y por las “posiciones de influencia de algunos de los encausados”, requirió al juez imponerle prisión preventiva a todos, como medida de coerción y declarar el caso complejo.
El grupo lo integran Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; y Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de la institución.
También la exregistradora de títulos del Distrito Nacional, Rosabel Castillo Rolffot; el director administrativo de la Cancillería, José Enrique de Pool Dominici; Domingo Lebrón de los Santos; los hermanos Carlos Aris, Julio César y Juana Ynés Gómez Williams; y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

El jefe del MP dijo que, según las evidencias recolectadas, los once imputados habrían participado de forma directa en la comisión de diversos actos ilícitos penales, entre ellos prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal.

Como operó el negocio. Informó que tras varios meses de investigación el MP pudo obtener pruebas de que el exdirector de Corde y los exfuncionarios Cruz Crespo y Aybar Ferrando, “se confabularon”, junto a Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias Gowi, para vender los terrenos públicos de Los Tres Brazos.

Explicó que para eso, la inmobiliaria Gowi se hizo pasar por una compañía interesada en participar en un proyecto de regulación de los terrenos para su posterior venta a sus ocupantes, cuando en realidad era un plan de venta completa de los terrenos y a precios muy por debajo de su valor.
Indicó que una de las parcelas que había sido tasada ese mismo año (2006) por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en RD$85 millones fue vendida a través de Gowi en RD$20 millones, es decir, 20 veces por debajo del valor de mercado.
“Durante las negociaciones, la imputada Juana Ynés Gómez Williams se aseguró de que la venta se hiciera a la empresa Infepa, propiedad de sus hermanos, los imputados Carlos Aris y Julio César Gómez Williams, en la que también participaba el imputado Domingo Lebrón de los Santos”.

Falseamiento de registros. A la exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos, Castillo Rolffot, se le atribuye jugar un rol importante para evitar que la venta de los terrenos fuera aprobada por el Congreso Nacional, como establece la Constitución.
Para evitarlo, indicó, se hacía creer que los terrenos del Estado pertenecían a empresas privadas y así Castillo Rolffot “registró la transferencia fraudulenta con la complicidad de los funcionarios de Corde”.

Dijo que como registradora de títulos, Castillo Rolffot tenía la obligación de investigar el estado jurídico de las parcelas 153-A-1 y 153-A-2 del sector Los Tres Brazos antes de aprobar su transferencia, y no lo hizo, no obstante numerosas advertencias que le hicieron técnicos subordinados que explicaban, que esos terrenos eran del Estado.

Responsabilidad agrimensores. El procurador expresó que para facilitar la venta de los inmuebles, los imputados Ozuna Nolasco y Ruiz Mella “declararon falsamente que habían notificado la operación de deslinde a los ocupantes de Los Tres Brazos”, evitando así cualquier contestación que pudiera entorpecer sus maniobras fraudulentas. También obviaron mencionar en sus trabajos de mensura la existencia de la amplia infraestructura social estatal que hay en el sector, incluidas una escuela y un destacamento policial.
Titulatec. El procurador informó que en la cuarta y última etapa de reventa de los inmuebles está la empresa representada por de Pool Dominici y otras sociedades comerciales que se mantienen bajo investigación, pero cuyos nombres no reveló.
Dijo que Titulatec, se confabuló con Infepa y los demás imputados para comprar los terrenos de Los Tres Brazos, con el objetivo de “venderlos a sus mismos ocupantes a precios exorbitantes”.
Indica que al mismo tiempo, junto a Infepa y Gowi, valiéndose de un entramado societario, “concertaron pagar los terrenos que Infepa había comprado originalmente, mediante la entrega de otros inmuebles que se encontraban gravados o a nombre de terceros, para luego exigirlos de vuelta en pago por concepto de comisiones” a favor de Gowi y la imputada Juana Ynés Gómez Williams.

El procurador general resaltó que estas, entre otras maniobras dolosas que fueron aceptadas por los funcionarios de Corde, perjudicaron gravemente el patrimonio público.