El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó ayer la cooperación de su homóloga de Panamá, Kenia Porcell, para determinar si en el caso conocido como “Los papeles de Panamá” hay dominicanos que hayan realizado algún tipo de maniobra tendente a evasión fiscal, lavado de dinero u otro negocio que haga presumir la ocurrencia de un crimen.

Dijo que con la solicitud formal de asistencia jurídica a las autoridades panameñas, hecha mediante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el Ministerio Público inicia una investigación sobre esos documentos y los impactos que pudieran tener en la República Dominicana.

“Esperamos que ya, de manera formal, con las investigaciones que se puedan abrir en Panamá, o a través del grupo de periodistas internacionales que tienen a su cargo el análisis de cada uno de los países involucrados, los documentos dominicanos también sean puestos a disposición de la opinión pública en general”, dijo el procurador en conferencia de prensa.

Garantizó que los dominicanos que figuren en una operación de negocios ocultos serán dados a conocer.

“Aquí hay varios mitos que hay que ir rompiendo y que se hace necesario que nos reorganicemos. Ya ustedes han visto la posición de Francia y la de otros estados, y creo que es muy importante que a este escándalo cada nación le dé seguimiento particularizado”, agregó el procurador.

RD en “The Panamá Papers”. Entre los 11 millones de documentos sustraídos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca (MF), se establece que esta firma trabajó para 486 compañías, 57 clientes, 67 beneficiarios y 192 accionistas dominicanos, según un mapa virtual elaborado por el periódico irlandés Iris Times.

Esas empresas, accionistas y beneficiarios no han sido identificados.

Los documentos revelan el esquema de evasión fiscal, negocios ocultos y lavado de activos utilizado por dominicanos y nacionales de otros países, mediante la creación de una multiplicidad de empresas “Offshore” que le permiten ocultar la verdadera identidad del beneficiario, un posible enriquecimiento ilícito y otros delitos penales.
“Estamos hablando probablemente de operaciones de hace más de 20 años hasta la fecha, y ahí veríamos de qué se trata porque, indudablemente no todas las operaciones tienen un marco de ilegalidad”, dijo el procurador.