El Ministerio Público solicitó ayer condenas de entre cinco y diez años de reclusión para los seis encartados en el caso Odebrecht; multas de 200 salarios mínimos, y la incautación de decena de bienes o activos de estos a favor del Estado dominicano, incluida una casa que el imputado Angel Rondón vendió al fenecido padre del presidente Luis Abinader en el año 2007.

También solicitó la variación de las medidas de coerción de los imputados por prisión preventiva, indicando que frente a su inminente condena el peligro de fuga se incrementa.

Para Rondón y Víctor Díaz Rúa pidió 10 años de privación de libertad; 7 para Conrado Pittaluga; y 5 para Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

Los pedimentos fueron hechos por el MP luego concluir una síntesis de toda la actividad probatoria que por más de 8 meses desarrolló en el juicio de fondo contra el grupo, y entender que las juezas del tribunal están lo suficientemente edificadas sobre la contundencia de las pruebas “para dictar sentencia como única y correcta salida a este proceso”.

Los exfuncionarios públicos Díaz Rúa, Rodríguez, Bautista García y Galán están acusados de violación a las leyes número 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio, y la 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión; el empresario Rondón y el abogado Pittaluga, por violación a las leyes 448-06, sobre sobornos, y la 72-02 sobre lavado de activos provenientes de infracciones graves.

Mirna Ortiz dijo que a este punto del proceso el MP ha demostrado no solamente la existencia y la comisión de los hechos sino “cómo estos hechos se enmarcan en los tipos penales que hemos citado en relación a cada uno de los imputados”.

“Las juezas de este tribunal tendrán la oportunidad una vez más, de demostrar a la sociedad dominicana que la ley es igual para todos; que los delitos de cuello blanco obtienen sanción; que las cárceles no se hicieron solo para los desposeídos o descamisados. Es momento de demostrar una vez más, que aquellos que sustraen fondos públicos también son merecedores de una sanción”, puntualizó.

Bienes de Rondón. Entre los bienes personales que le serían confiscado a Rondón figuran 15 inmuebles personales que incluyen apartamentos, fincas, villa; más de 50 empresariales; cuentas bancarias en pesos y en dólares, títulos y valores registrados en el depósito centralizado de Valores (Cevaldom).

El inmueble que dijo le vendió al fenecido Rafael Abinader y que fue utilizada como comando de campaña por su hijo el actual Presidente de la República Luis Abinader Corona, está ubicada en la calle Angel Severo Cabral número 14 en el Ensanche Julieta de esta Capital. La venta se hizo en el año 2007 y el costo fue de US$2 millones.

Entre los bienes que le serían incautados a Díaz Rúa a favor del Estado están el yate Balbie, apartamentos, inmuebles que están a nombre de las empresas Radiodifusora Sky Land, Albox,, Montobba, Constructora Solaris y Endoequipesa, cuentas bancarias, y Bonos soberanos por valor de US$2.3 millones

A Pittaluga incautarían sus cuentas bancarias y certificados de títulos en pesos y en dólares; títulos, valores, bonos, inversiones, efectivo, intereses y portafolio de inversión realizada por la empresa Newport Consultig/Meinl Bank (Antigua).

Galán se vería afectado con el despojo del inmueble que tiene en el Condominio Valentina, de dos propiedades ubicadas en San Cristóbal y en Jarabacoa, de cuentas bancarias y pertenencia que tendría en empresas relacionadas con él.

Rodríguez tendría que entregar la propiedad que tiene en Casa de Campo, cuentas bancarias, y se le confiscarían además títulos, valores y activos que posea en los registros públicos nacionales.

A Bautista le quitarían prácticamente la vida.

Los siameses y la Centrífuga. Durante la presentación de sus conclusiones y pedimentos, el Ministerio Público calificó a Díaz Rúa y Pittaluga “siameses legales ” en el entramado para el pago de los sobornos hechos por Odebrecht; y José Leonardo Guzmán Font Bernard, yerno del exministro de Obras Públicas, como la “centrífuga” que lavaba todo el dinero de corrupción.

Resaltó que de los 17 contratos de obras que se le adjudicaron a Odebrecht en el país, diez pasaron por las manos de Díaz Rúa cuando fue ministro de Obras Públicas, lo que le garantizó el pago de US$6.6 millones de “coimas”.

“El pago de ese soborno fluyó de la manera siguiente: Odebrecht hacía transferencias a Pittaluga; Pittaluga lo transfería a Guzmán Font Bernard a través de Indoequipesa, y Guzmán Font Bernard a su vez lo entregada a Díaz Rúa en supuesta calidad de préstamo, a través de la constructora Solaris”, explicó el representante del Ministerio Público José Marmolejos.

LA respuesta. A partir de este jueves corresponderá a los seis imputados responderle al Ministerio Público. El primero que lo hará será Angel Rondón.