Río de Janeiro. EFE. El Ministerio Público de Brasil pidió ayer que el Gobierno se encargue de sustentar y atender a los cientos de inmigrantes, principalmente haitianos, que esperan en refugios en el estado amazónico de Acre por la legalización de su situación en ese país para buscar trabajo en otras ciudades.

El Ministerio Público para el Trabajo en Acre hizo la petición en una demanda civil pública presentada ante la justicia laboral de Río Branco (capital regional) y usó como argumento varios tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ONU, suscritos por Brasil.

La medida busca que el Gobierno federal de Brasil asuma la responsabilidad por el sustento financiero de los refugios en que viven los inmigrantes en Acre, por la atención médica de los extranjeros que llegan enfermos al país y por su traslado a ciudades que necesitan de mano de obra y contratan inmigrantes.

La demanda también exige que el Gobierno combata el tráfico internacional de trabajadores y reprima a los llamados “coyotes” que se aprovechan de los inmigrantes, y que pague una indemnización de 50 millones de reales (US 16.7 millones) en compensación por daños colectivos por su omisión ante problema.