El Consejo Superior del Ministerio Público ordenó hacer un inventario de todas las armas de fuego que han sido incautadas por la institución. También  que  se  vendan   las prendas de oro que reposan en las fiscalías a nivel nacional.

El organismo, que preside el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, designó una comisión que se encargaría de realizar el inventario de las armas de fuego y que debe rendir un informe al Consejo.

 La resolución 0026, del primero de octubre pasado, indica que en el experticio se debe tomar en consideración todas las armas involucradas en procesos con sentencias definitivas y  todas aquellas que no tienen proceso y que reposan en sus archivos. 

Prendas de oro.  El Consejo también designó a otra comisión para que proceda a la venta de las prendas de oro depositadas en la bóveda de la Dirección General Administrativa.

La comisión se encargaría además de realizar un levantamiento de las prendas que reposan en todas las fiscalías a nivel nacional, para que se proceda a su venta de acuerdo a los criterios establecidos.

La disposición se refiere a las prendas involucradas en expedientes con sentencias definitivas y las que no han sido sometidas a procesos.

La comisión está integrada por el director general Administrativo, un perito,  la secretaria general del Ministerio Público  y un auditor designado por el director general administrativo.

Someten fiscales.  En otro orden,  el departamento de Inspectoría del Ministerio Publico  sometió a juicio disciplinario al fiscal titular   y a  un procurador de Corte de San Francisco de Macorís por  faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a la acusación, el fiscal Regie Victorino Reyes y el Procurador de la Corte, José Amado Rosa, solicitaron una  garantía económica en vez de prisión preventiva,  en contra de un fiscalizador de Villa Riva acusado de recibir  sobornos. Se trata del caso del  fiscalizador Héctor Luis Balcácer, quien fue apresado en agosto pasado.

 El caso fue conocido por el Consejo Superior del Ministerio Publico, que se reservó el fallo.