El Ministerio Público ponderó como positiva la medida de coerción impuesta la noche de este viernes contra Freddy Núñez y Evaristo Ozoria Rodríguez, presidente y tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), respectivamente, imputados por desfalco a la entidad deportiva.
«La magistrada entendió la gravedad de los hechos e impuso medida de coerción, que es lo importante, y eso nosotros lo tomamos como positivo», manifestó el procurador fiscal Ernesto Guzmán, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), al ser abordado por la prensa.
Asimismo, manifestó que esperarán la decisión íntegra del tribunal a los fines de analizarla y tomar una decisión final con respecto a la posibilidad de apelar la medida impuesta.
La medida
De acuerdo con la decisión de la jueza Fátima Veloz, Núñez deberá pagar una garantía económica ascendente a la suma de RD$1,200.000.00, mientras que Ozoria RD$300,000.00.
También, ordenó que los imputados se presenten el día 30 de cada mes ante el Ministerio Público investigador y les prohibió salir del país sin previa autorización.
Durante la audiencia, magistrada valoró que Ozoria Rodríguez admitió que firmaba cheques en blanco, por lo que no hay controversia en cuanto a su participación en los hechos que se les imputan.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2011 y 2023, la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno manejó de manera irregular cerca de RD$60 millones, que fueron entregados por el Ministerio de Deportes, monto que está bajo investigación. También indicó que, conforme avancen las pesquisas, podrían surgir nuevos implicados.
La solicitud de medida de coerción, que abarca 757 páginas con pruebas detalladas, describe cómo se habrían desviado fondos de la federación. Durante la investigación, el Ministerio Público realizó allanamientos en el Distrito Nacional, en la provincia María Trinidad Sánchez y en las oficinas de Fedopem en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde recolectó documentos y evidencias.
Núñez y Ozoria están acusados de corrupción, falsificación, uso de documentos falsos, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y lavado de activos, delitos sancionados en el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana; los artículos 145, 147, 148, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano; y los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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