Loyda Peña 
Sede de la Suprema Corte de Justicia.
Para evitar una posible “jugarreta” del empresario Antonio Espaillat López y proteger los derechos de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set en medio de la Semana Santa, la Procuraduría General de la República (PGR) se apresuró a conseguir la autorización de un juez para inmovilizar los bienes del propietario del centro de diversión.
La solicitud de medidas cautelares fue tramitada por la dirección de Persecución ante la oficina de atención permanente del Distrito Nacional y, según indicaron las fuentes oficiosas, incluye no solo la oposición al traspaso de bienes pertenecientes a las empresas Inversiones E y L, SRL; Jet Set Club, y otras propiedades, sino también la oposición en instituciones bancarias.
Se recuerda que a la fecha, 232 personas han muerto y unas 180 sufrieron heridas producto del desplome del techo de la discoteca del Jet Set, ocurrido en la madrugada del 8 de este mes durante una fiesta que era amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien es una de las víctimas mortales.
Las investigaciones están a cargo del director de Persecución, Wilson Camacho, así como de la fiscal Rosalba Ramos, del Distrito Nacional.
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Hasta el momento las autoridades han sido cautas a la hora de ofrecer cualquier tipo de información en torno a este caso.
A pesar de ello, la Constitución establece que el Estado debe proteger a las personas de la violencia y de cualquier amenaza a su integridad física, psíquica o moral.
Dispone que las medidas adicionales de protección pueden ser presentadas por la víctima, testigos, sujetos en riesgo, su representante legal o Ministerio Público.
