El Ministerio Público dominicano tiene el dilema de si continua instrumentando expedientes exclusivamente para funcionarios del gobierno que encabezó el presidente Danilo Medina, o si hará extensiva la aplicación de justicia al incluir «corruptos de todos los gobiernos» de las últimas décadas.

El planteamiento es de la socióloga y analista político Rosario Espinal en su artículo titulado Pacto de impunidad: ¿se romperá ahora?, escrito para el periódico HOY, en el cual expone de manera cronológica y sintética los actos de corrupción que han caracterizado los gobiernos de la República Dominicana, desde el siglo 19.

«O sea, ¿hará el Ministerio Público justicia selectiva solo contra un grupo, o hará justicia extensiva a los corruptos de todos los gobiernos de las últimas décadas? De lo primero hay muchos casos en el mundo, de lo segundo ninguno», prosigue la también catedrática universitaria.

Agrega que «la razón es que la reducción sustancial de la corrupción en un país está más relacionada con el desarrollo económico sostenido e inclusivo y el fortalecimiento institucional que con la acción punitiva del sistema de justicia».

Las autoridades dominicanas desarrollaron en días pasado la operación «Anti Pulpo», durante la cual apresaron a varios ex funcionarios del gobierno pasado, incluyendo a una hermana del presidente de la República que desempeñaba una función en una institución, y a un hermano del mandatario a quien acusan de irregularidades para favorecer sus empresas con las liciaciones.

A continuación, el artículo de Rosario Espinal.

Pacto de impunidad: ¿se romperá ahora?

La característica más antigua del Estado dominicano es la corrupción. Podemos remontarnos al siglo 19 y la encontramos en los gobiernos de Santana, Báez y Lilís.

En el siglo 20 marcó la pauta Trujillo: solo él y sus cercanos colaboradores podían robar. Cayó la dictadura y nadie fue juzgado ni por corrupción ni por represión; el castigo fue el exilio de los familiares cercanos al dictador.

En el post-trujillismo los escándalos de corrupción han proliferado.

Durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer (1966-1978) la corrupción fue legendaria. Según el mismo Balaguer, la corrupción solo se detenía en la puerta de su despacho.

Concluido ese gobierno, el PRD utilizó escaramuzas de acusación, pero aplicó el borrón y cuenta nueva.

En el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) se propagó que la hija del presidente, el yerno y otros altos funcionarios eran corruptos. Dicen que, agobiado por el acoso, Guzmán decidió suicidarse antes de entregar el poder a su archirrival perredeísta.

El gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986) enfrentó la crisis económica de deuda externa, protestas populares y escándalos de corrupción. En esta ocasión, al iniciar su nuevo gobierno en 1986, Balaguer se concentró en disminuir la figura de Jorge Blanco con acusaciones de corrupción para debilitar aún más al PRD.

Eso, junto a los fraudes electorales, aseguraron a Balaguer 10 años más de gobierno. Los reformistas volvieron a servirse con cuchara grande en el Estado.

En el primer gobierno del PLD (1996-2000) no faltaron los escándalos de corrupción. Al concluir el gobierno, algunos funcionarios fueron apresados, pero Hipólito Mejía declaró que los presidentes no se tocaban (su versión de borrón y cuenta nueva).

Al pasar el tiempo comenzaron a aflorar los escándalos de corrupción de funcionarios de Mejía, pero el hoyo de Baninter se llevó el gobierno perredeísta. El PLD aplicó borrón y cuenta nueva.

Durante los siguientes ocho años de Leonel Fernández (2004-2012) afloraron también los escándalos de corrupción, algunos connotados fueron la Sun Land y los Súper Tucanos. Pocos pasaron por la justicia.

En los ocho años de gobierno de Danilo Medina (2012-2020) tampoco faltaron los escándalos de corrupción y se conoció el mega escándalo de Odebrecht. Al ser los episodios más recientes, generan ahora la mayor indignación.

Con la proliferación de escándalos por tanto tiempo, la ciudadanía sedimentó la idea de que en la República Dominicana hay mucha corrupción, mientras la clase política y empresarial mantuvo siempre complicidad para que la impunidad prevaleciera.

Ahora, la promesa de cambio que hizo el PRM en el convulso proceso electoral 2020 lleva a la interrogante de si realmente se romperá el pacto de impunidad que ha prevalecido en la clase dominante dominicana, y que ha sido clave para el enriquecimiento de segmentos políticos, militares, empresariales y eclesiales en el post-trujillismo (antes se beneficiaban solo los dictadores y secuaces).

Por su parte, el Ministerio Público tiene ante sí el grave dilema de si instrumenta expedientes exclusivamente para funcionarios del gobierno saliente, o si lo hace para todos los gobiernos donde hubo corrupción con impunidad.

O sea, ¿hará el Ministerio Público justicia selectiva solo contra un grupo, o hará justicia extensiva a los corruptos de todos los gobiernos de las últimas décadas? De lo primero hay muchos casos en el mundo, de lo segundo ninguno.

La razón es que la reducción sustancial de la corrupción en un país está más relacionada con el desarrollo económico sostenido e inclusivo y el fortalecimiento institucional que con la acción punitiva del sistema de justicia.