La Operación Medusa, en cuyo expediente el principal involucrado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, es una de las acusaciones con mayor número de pruebas, con más de 50 acusados, y con tipos penales que van desde coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, la prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos con sus agravantes.

Así lo informó la fiscal Luisa Liranzo a periodistas que la entrevistaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la medianoche del pasado sábado, luego que el Ministerio Público depositara la acusación de la Operación Medusa a las 11:42 de la noche.

“Contamos con más de 3,000 pruebas, entre ellas pruebas documentales, periciales y testimoniales”, afirmó Liranzo.

El expediente fue sometido en la Oficina de Atención Permanente, de la Fiscalía del Distrito Nacional, por un grupo de fiscales encabezados por Liranzo e integrados por Enmanuel Ramírez, Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea y Rosa Alba García.

Los fiscales, que forman parte de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitan en el expediente el envío a juicio a los vinculados en el entramado de corrupción administrativa.

Luego de ese paso el expediente será enviado a la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, quien apoderará al juzgado que conocerá la acusación preliminar.

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El caso Medusa

En el expediente de solicitud de medida de coerción contra Rodríguez y los demás implicados en el caso, el Ministerio Público los acusa de distraer fondos de agencias de cooperación internacional, de crear nóminas falsas para usar fondos del presupuesto de la Procuraduría, incurrir en procesos fraudulentos de compras, recibir sobornos y destruir evidencias en la transición.

La defensa

Rodríguez, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo, niega rotundamente las acusaciones que se les imputan, y argumenta que se trata de una venganza disfrazada de justicia.

Asimismo afirmó que el Ministerio Público solo acusa y declara en los medios sobre las imputaciones en su contra, mientras se violan sus derechos.