Alegra saber que el Ministerio Público está preparado para recibir denuncias y querellas sobre delitos electorales, que pudieran haber ocurrido durante las primarias realizadas por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), arbitradas por la Junta Central Electoral.
Ese anuncio del Procurador General, doctor Jean Alain Rodríguez, es muy oportuno, pues llega en un momento de crispación donde el expresidente Leonel Fernández, precandidato perdedor de las primarias del PLD, alega haber sido despojado de su victoria mediante un fraude informático.
La PGR asegura que cuenta con un cuerpo de fiscales debidamente entrenados para acometer indagatorias sobre delitos electorales a nivel nacional. Pero el aspecto más interesante de esa noticia estriba en la aclaración de que es al Ministerio Publico de cada demarcación, a quien corresponde ejecutar la investigación electoral a modo de delito penal, como ocurre con todos los procesos criminales o penales, y no a un fiscal electoral.
Puntualiza que el fiscal electoral es una figura que no existe en ninguna ley, que la opinión pública suele confundirla con la Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales, la cual está prevista en las leyes Orgánica del Régimen Electoral número 15-19 y la Orgánica del Ministerio Publico número 133-11. La misión de esa procuraduría especializada consiste en darle apoyo a las fiscalías durante las investigaciones de delitos electorales, salvo casos excepcionales, según lo indica la ley del ministerio público.
La PGR afirma que respeta el rol que juega actualmente la JCE, órgano que dispuso una auditoria forense al sistema automatizado de votación utilizado en las primarias. Si tras los resultados ocurriesen querellas o denuncias, el ministerio público las indagará.
Leonel Fernández debería suministrar a la justicia el nombre del supuesto hacker hindú, que operó en su contra desde La Romana.